Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 8 de septiembre de 2022) La titular del Órgano de Fiscalización superior (OFS), María Isabel Delfina Maldonado Textle, dio a conocer que el daño patrimonial por pago de nómina a personal de seguridad pública que no cumple Con el certificado Único Policial (CUP) asciende a 71 millones 983 mil 097.55 pesos.
Durante al mesa de trabajo "Gobernación, seguridad y procuración, estado-municipios", la auditora precisó que en las auditorías del desempeño efectuadas a municipios identificaron a mil 825 elementos policiacos que no estaban certificados por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza; lo que podría poner en riesgo el cumplimiento de sus funciones.
"Si hubiésemos dejado todo esto en probable daño al patrimonio, muchos de los municipios hubiesen salidos probablemente reprobados; entonces se optó por reclasificar esta observación a promoción de responsabilidad administrativa por el incumplimiento", comentó en la sesión celebrada en el Salón Joaquín Cisneros de la ciudad de Tlaxcala.
Recordó que a finales de este mes de septiembre concluye la prórroga otorgada tanto por el OFS como por la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (CESESP) para que en el lapso de tres meses regularizaran la personal de seguridad en los municipios; por lo que de no cumplir, se fincarán las responsabilidades correspondientes.
Detalló que existe una diferencia de 303 elementos entre los observados por el OFS, un total de dos mil 647, y los que registra la CESESP, dos mil 344, en los cuales se observa que 268, en 40 municipios, no fueron reportados a esta última instancia; y 35 elementos en 16 municipios que desempeñan un puesto diferente al de policía (auxiliar administrativo, médico legisla, enlace, operadores de grúa, paramédicos, aspirantes a oficiales, elementos de proximidad o protección civil. De modo que solo cuatro municipios registraron información coincidente entre una y otra instancia: Acuamanala, Hueyotlipan, Xiloxoxtla y Tzompantepec.
En cuanto al avance de la certificación, el OFS identificó 469 elementos registrados y no aprobados, mientras que la CESESP, identificó 376; los no registrados, según el OFS, fueron mil 363, y según la CESESP, 806; además de que esta última reportó 371 elementos en proceso de evaluación, mientras que el Órgano, ninguno.
Maldonado Textle destacó que la facultad de contratación corresponde a las presidencias municipales, por lo que deben cumplir con lo dispuesto en la ley; específicamente, se refirió a la Ley General de Seguridad Pública que indica en su artículo 39, fracción VIII, que deberán "abstenerse de contratar o emplear en las instituciones policiales a personas que no cuentan con el registro y certificado emitido por el Centro De Evaluación y Control de confianza respectivo".
Asimismo, comentó que deberán evaluar los perfiles éticos, económicos, sociales y psicológicos en los procesos de ingreso, permanencia y promoción de elementos de seguridad; por lo que no hacerlo implica una falta grave, según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por usurpación de funciones o contratación indebida; por lo que podrían ser sancionados con una suspensión de 30 a 90 días, destitución, inhabilitación de uno a 10 años o hasta 20 años en caso de reincidencia.
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