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jueves, 3 de junio de 2021

El crimen de hacer política


Por: Leopoldo Rodríguez Aranda*


Hacer política es firmar un pacto con el demonio, escribió Max Weber. La frase indica lo mucho que de conflicto y lucha tiene la política como práctica, en ese sentido, la democracia como tal también es una lucha continua y continuada por el poder. La frase también revela un aspecto duro y difícil de entender y aceptar: el hecho de que hacer política no significa hacer el bien o buscar el bien común, sino todo lo contrario, significa negociar intereses e ideas acerca de lo que cada quien supone la mejor opción para atender o pretender resolver los problemas públicos y, en esa medida, ganar y conservar el poder para influir en los demás y tomar las decisiones que están orientadas a resolverlos pero también a favorecer intereses de grupo que se traducen en privilegios, negocios, dinero.


Por su parte, Enzesberger demostró que la política y el delito están íntimamente relacionados, ya que esa zona entre la legalidad e ilegalidad provoca que no nos asombren las decisiones o comportamientos de los políticos y los delincuentes no solo por el efecto de la normalización, sino también porque las sociedades criminales como las instituciones políticas comparten estrategias, mecanismos, jerarquías que las igualan en hechos y poder de influencia. La diferencia notoria es que unos actúan bajo el escrutinio de la opinión pública y la auditoría de sus actos mientras que los otros tienen plena libertad de actuación hasta que los fiscales y jueces se los permitan.


Vista de esta manera, la política tiene mucho de criticable y muestra su rostro más cruel y descarnado, pero la realidad no es tan fácil de encuadrar en algún modelo o idea. También la política permite generar equilibrios de intereses y del poder mismo que hacen posible la vida en comunidad y en relativo orden y paz. Lo lamentable es cuando suceden trasgresiones a los roles que deben jugar ambos actores, políticos y delincuentes, allí es donde la realidad se vuelve inadmisible y los efectos que genera en la sociedad son de riesgo profundo: desencanto por la política, tendencia a optar por las políticas de “mano dura”, desacreditar a las instituciones por supuestas fallas, en fin, un debilitamiento generalizado de la democracia y de sus instituciones que genera más y peores problemas que los que pretenden resolver los que provocan ese conjunto de percepciones y comportamientos.


El último fin de semana de mayo terminan los tiempos y plazos de las campañas políticas para los diversos puestos de elección popular hoy en disputa, y como nunca antes nos quedó clara la intervención de la criminalidad en la política: candidatos asesinados, amenazados, seleccionados por aquellos que suponen que el control de las instituciones de gobierno es y debe ser favorable a sus actividades ilícitas. En el escenario actual, tanto los partidos políticos, las autoridades electorales y las ejecutivas de los tres órdenes de gobierno han sido incapaces de llevar la batalla electoral por cauces pacíficos, por la vía de la confrontación de las ideas y la deliberación en el espacio público.


Resulta además incongruente que quienes hoy ostentan los cargos públicos en disputa y renovación sean quienes polaricen y entorpezcan el cauce institucional de las elecciones. Durante décadas la élite política hoy gobernante luchó porque existieran reglas y condiciones de igualdad y equidad en la organización de las elecciones y de los partidos políticos, cambios que originaron muchas de las instituciones y procesos que otorgan certeza a las elecciones y que permitieron que hoy ostenten el poder público, pero que parece que ya les estorban, lo que en muchos sentidos recuerda los males históricos de América Latina y sus dictadores, la cara de Jano que las izquierdas latinoamericanas mostraron y muestran: con la bandera de la defensa de los pobres y la justicia social resultaron regímenes dictatoriales que en nombre de quienes defienden cometieron crímenes que todavía hoy se recuerdan con dolor y pena en muchos de nuestros países.


Y si a lo anterior sumamos el pernicioso efecto de la delincuencia organizada que muestra su fuerza y control territorial, decide quién sí y quién no es candidato, entonces estamos ante un escenario que vaticina la tormenta perfecta a menos que, como esperamos muchos, ocurra que las leyes y reglas se respeten, los derrotados asuman su derrota y reorganicen sus esfuerzos para la próxima elección y permitan que la renovación pacífica del poder sea no solo eso sino también la rotación de ideas y decisiones y no de profundización de nuestras muchas crisis y problemas.


Nunca como antes es pertinente recordar a Andrés Molina Enríquez y su sentencia de que en México los tres grandes problemas nacionales son la deuda, la pobreza y las elecciones. Más de un siglo después de ese diagnóstico la situación no cambia, empeora.


*Director General de Gesec, S. C.

www.gesec.com.mx

Twitter: @leororara


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