El órgano de la SCJN subrayó que en caso de violaciones graves a derechos humanos, el interés de la población está sobre el principio de reserva de información
Redacción | México | 25 de junio de 2025
La Fiscalía General de la República (FGR) deberá entregar una versión pública de la carpeta de investigación relacionada con la desaparición de 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, a víctimas indirectas que promovieron dos juicios de amparo en contra de resoluciones del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al considerar que se vulneró el derecho a la protección de datos.
La resolución fue dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que entregar una versión pública de la carpeta de investigación y publicarla en el sitio web de la FGR no trasgrede los derechos de las víctimas que se presentaron como terceros involucrados; siempre que los datos que permitan identificarlas se mantengan como confidenciales.
En ese sentido, la Primera Sala indicó que dicha reserva de información, prevista en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales "admite como excepción que se trate de información vinculada a investigaciones que involucren graves violaciones a derechos humanos o se trate de delitos de lesa humanidad" como es el Caso Iguala.
Asimismo, determinó que al tratarse de una violación grave a los derechos humanos, la afectación no sólo es a las víctimas, sino a la sociedad en su conjunto; por lo que el principio de reserva de información está superado por el interés conjunto de la población de conocer oportunamente las acciones de investigación, detención, juicio y sanción de los responsables.
En consecuencia, la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que fue confirmada por los integrantes de la Sala determinó confirmar la resolución emitida por el INAI para entregar la versión pública de la investigación y obligar a la Fiscalía que la coloque en su sitio web; luego de que personas identificadas como víctimas solicitaran un amparo contra esa determinación al argumentar que implicaba la publicación de datos personales que podrían ponerles en riesgo ante grupos criminales, recurso que negó el Juzgado de Distrito.
El Alto Tribunal resolvió que el INAI no tenía la obligación de llamar a las víctimas como terceras interesadas para obtener su consentimiento antes de determinar que la información solicitada debía hacerse pública, toda vez que está relacionada con violaciones graves a derechos humanos y por lo tanto no contraviene las disposiciones legales sobre reserva de informacion de investigaciones en curso.
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