Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 30 de mayo de 2022) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades encargadas de la procuración de justicia a nivel federal, así como en los estados de Tlaxcala y Querétaro por violaciones a derechos humanos de ocho probables víctimas de trata de personas, derivado de una queja iniciada en marzo de 2019.
El órgano autónomo vinculó a la recomendación 99/2022 a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR); a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros; y al titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), Alejandro Echeverria Cornejo para que atiendan las violaciones a los derechos de acceso a la procuración de justicia, a la intimidad en relación con la integridad y seguridad personal de las probables víctimas de trata.
Cabe destacar que la mujer que inició la queja ante la CNDH afirmó que fue desaparecida durante 15 años y rescatada en Tlaxcala junto a sus tres hijos; por lo que denunció ante la FGR haber sido víctima de matrimonio forzado y servil y por trabajo forzado, pero esta instancia se declaró incompetente y la turnó a la FGEQ.
De acuerdo con la investigación, personas servidoras públicas de las fiscalías general y de Querétaro; así como de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) omitieron realizar a una de las víctimas los exámenes ginecológicos que permitieran acreditar su estado de salud, toda vez que refirió haber sido víctima de violación una semana antes del rescate y tampoco se le valoró psicológicamente.
"Dichos exámenes eran necesarios para obtener elementos de prueba e indagar los actos de violencia sexual denunciados y, en su caso, otorgar a la agraviada la atención especializada que requiriera, a pesar de ser una obligación expresa, lo que acreditó una falta de debida diligencia para investigar los hechos denunciados por la víctima", refirió la Comisión Nacional.
De igual forma, acreditaron dilaciones y omisiones injustificadas por parte de la PGJE, ya que no solicitaron la entrega de los informes y realización de diligencias, además de pasar por alto datos de la FGR para agotar diversas líneas de investigación. También expusieron, sin reserva, el nombre y edad de las víctimas sin utilizar las claves que fueron asignadas para resguardar su identidad.
"En cuanto al personal de la FGEQ, se evidenció que no hay elementos de convicción que permitan corroborar que la resolución del No Ejercicio de la Acción Penal se haya hecho de conocimiento de la víctima o de alguno de sus representantes, para que estuviera en posibilidad de ejercer los recursos legales a que hubiera lugar, lo que vulneró su derecho a la justicia en su modalidad de procuración", señala el comunicado.
Por ello, recomendaron a las autoridades encargadas de la procuración de justicia a nivel federal, en Querétaro y Tlaxcala ue continúen con la integración y perfeccionamiento de la investigación, que se practiquen las diligencias a la brevedad para determinar la probable responsabilidad penal; inscribir a las víctimas en los registros correspondientes; la reparación justa del daño; además de otorgar atención psicológica y médica.
Asimismo, a través de los órganos internos de control dar seguimiento a las denuncias contra servidores públicos; impartir capacitaciones a quienes laboran en las áreas involucradas para evitar omisiones y dilaciones, basado en un enfoque de sensibilización y atención con perspectiva de género.
Finalmente, la CNDH ordenó al gobierno del estado de Tlaxcala a instruir a los implicados a realizar todas las acciones necesarias para resguardar la identidad, datos personales y derecho a la privacidad de las víctimas.
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