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miércoles, 15 de diciembre de 2021

En Chiapas, Tlaxcala y todo México, exigimos trato digno y humano en la movilidad

 


Por: Norma Mendieta, Cafami (Promotora comunitaria en Colectivo por una Migración sin Fronteras)


El trágico accidente ocurrido el día 9 de diciembre de 2020 en Chiapas en el que hasta el momento se reportan 55 migrantes fallecidos, entre ellos 19 menores y 104  lesionados tras volcarse el tráiler en el que venían hacinados, se  suma al conjunto de vejaciones que los migrantes padecen en su cruce por el país. 


En el camino son víctimas del abuso de autoridades federales, estatales y municipales, de la corrupción de los agentes migratorios, de la violencia del crimen organizado, de la trata y tráfico de  personas y se visibiliza cada vez más  las consecuencias de una política migratoria que sigue criminalizando la movilidad humana; que, lejos de cumplir con los compromisos adquiridos por el estado mexicano al firmar tratados y convenios internacionales de  proteger la vida y los derechos de todos, pero particularmente de las poblaciones vulnerables que buscan refugio de la pobreza y la violencia, obliga a las personas migrantes a viajar en la clandestinidad, a tomar rutas y formas de traslado que ponen en peligro sus vidas, a caer en manos del crimen organizado.


A las y los migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos con frecuencia se les ve con desconfianza, temor y hasta desprecio. No podemos olvidar que hablan nuestra lengua, comparten nuestras tradiciones y alimentos, porque compartimos una misma cultura ancestral por México. 


No son criminales, como tampoco los son los migrantes mexicanos que deporta el gobierno estadounidense. Son personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares y de su país por la violencia generalizada que viven, las constantes violaciones de sus derechos humanos por parte de sus gobiernos, por los   desastres naturales que han diezmado su territorio y/o por la corrupción de sus gobiernos. Esto es algo que tiene que quedar muy claro.


¿Cuántas  muertes más tienen que suceder para que el gobierno cambie su política migratoria de seguridad nacional y fronteriza por una de seguridad humana, que coloque a las personas al centro, por encima de intereses económicos y políticos, y se haga efectivo el derecho a la vida, y a una vida digna?


Es urgente que la política migratoria pase de ser de contención, detención y deportación a una dirigida bajo el enfoque de derechos humanos, de no discriminación, de solidaridad; de no ser así, hechos trágicos como el sucedido en Chiapas seguirán repitiéndose. 


Seguiremos siendo  testigos mudos  de violaciones sistemáticas y cada vez mayores de los derechos humanos  de las personas migrantes,  urge actuar con empatía,  sin criminalizar y sin violencia. 


Hombres y mujeres somos sujetos de derechos y los derechos humanos no se negocian.


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