Por José David Cabrera Canales, Analista, profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, presidente de la academia de política
Twitter @David_CabreraC
Correo electrónico: josedavid.cabrera@uatx.mx
Como ciudadanos integrantes de una sociedad
cada vez más informada y por lo tanto más exigente de sus derechos,
— principalmente de los derechos, ya que de las obligaciones en muchas
ocasiones nos olvidamos— buscamos contar con gobiernos que atiendan y resuelvan
los problemas más sentidos e importantes para la vida colectiva (seguridad,
salud, educación, vivienda, alimentación, empleo, etcétera). Así como tenemos
el derecho de exigir buenos gobiernos, que cumplan con nuestras demandas y
requerimientos sociales como personas y, más como
ciudadanos, tenemos la obligación de coadyuvar a la consecución de los fines
por los que se han creado las distintas instancias del Estado.
El Estado, que es un constructo social, para algunos
autores como el sociólogo Timothy Mitchell, <<el
estado no es un objeto, lugar, organización o actor; es, mas bien, un poderoso
conjunto de métodos de ordenar y representar la realidad social>>,
para ello, el Estado cuenta con instituciones que permiten su presencia, su
reconocimiento, su aceptación y su funcionamiento en las sociedades de todo el
mundo.
El Estado está
integrado por cinco elementos: el territorio, la población, el gobierno, el
orden jurídico y la soberanía. Es en el elemento del gobierno en donde existen las instituciones
que le dan presencia y vigencia al Estado, ahí se encuentran las instituciones
públicas que a través del orden jurídico permiten poner
orden y garantizar la vida en comunidad. Es en este elemento donde están presentes sus tres niveles: federal, estatal y
municipal; en el caso del Estado de Tlaxcala, tenemos un cuarto nivel de
gobierno que es el gobierno de comunidad.
Hoy, la división tradicional del poder público ha sido modificada, reconfigurada y rebasada. Anteriormente el poder se dividía en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con sus funciones y atribuciones establecidas en nuestra carta magna; sin embargo, hoy se habla de Organismos Constitucionales Autónomos (OCAs), que son instituciones creadas por el propio Estado para crear contrapesos, realizar funciones especializadas y controlar al poder público.
Los OCAs se ubican de forma horizontal a la par, al mismo nivel de los tres poderes tradicionales, entre ellos tenemos a: la Fiscalía General de la República (FGR); el Instituto Nacional Electoral (INE); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL);entre otro.
También
los municipios gozan de autonomía constitucional, fortaleciéndose frente a la
injerencia de los gobiernos de las entidades federativas, consolidándose el
Municipio como un verdadero nivel de gobierno.
Dentro de los niveles de gobierno, sabemos que el nivel municipal es el más cercano e inmediato a las necesidades y demandas de la población, éste se encarga de atender y proporcionar servicios públicos esenciales para todas las personas, como: seguridad, salud, educación, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados, alumbrado público, panteones, rastros, calles, parques y jardines, agua potable.
Sin embargo, por ser el nivel más cercano
a la población, los aciertos o los desaciertos se perciben de forma más
directa; por lo tanto las autoridades municipales deben trabajar para lograr la
consecución de los objetivos (eficacia) y se deben de cuidar y maximizar los
escasos recursos: humanos, materiales y financieros (eficiencia).
No debemos olvidar que con la reforma política- electoral
del año 2014, los ayuntamientos electos este año 2021 serán los primeros que puedan optar por la elección consecutiva. En
otras palabras podrán ser reelectos por un periodo adicional, lo anterior
siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y las leyes secundarias
correspondientes; pero más allá de los requisitos constitucionales, lo más importante es contar con el respaldo, con la confianza
y con el apoyo ciudadano a través del voto, el que se obtiene principalmente
generando una imagen favorable y dando buenos resultados para obtener el
refrendo de la confianza materializada a través del voto, por medio
de elecciones democráticas.
Por ello, es de suma importancia que las autoridades de los ayuntamientos muestren eficacia y eficiencia en la difícil función de gobernar y de administrar. Los integrantes de los ayuntamientos deben pensar y actuar como estadistas, resolver problemas del presente pero viendo hacia el futuro, pensar en las próximas generaciones, no en la próxima elección, pensar en el interés general y no en el personal.
Se deben emplear realmente las políticas públicas tomando en cuenta la participación ciudadana, generar diálogos de dos vías con la población; que los funcionarios dejen el escritorio, para acudir al lugar en donde se gestan los problemas y conjuntamente con la sociedad civil se encuentren las soluciones, tomar decisiones basadas en la opinión de los beneficiarios, gobernar con apertura e implementar altos niveles de Transparencia, garantizar el acceso a la información pública, proteger los datos personales y cuidar toda la información a través de un sistema de gestión documental profesional, todo lo anterior, para asegurar a través de información de calidad la mejor toma de decisiones, para el buen funcionamiento de los ayuntamientos en beneficio de todos los habitantes de los municipios.
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