Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, Tlax., 23 de julio de 2019) Legisladores federales por Tlaxcala escucharon la propuesta de una empresa estadounidense para adquirir centros de tratamiento de aguas residuales y exhortaron al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez a reunirse con ellos en septiembre para abordar el tema de la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan.
Cool Technologies, Inc. es una empresa de California, Estados Unido, que produce centros de tratamiento para potabilizar agua contaminada e incluso agua de mar. La máquina con menor capacidad puede tratar hasta 454 litros diariamente.
Estas máquinas trabajan previo análisis del líquido, se adaptan a camionetas, son controladas mediante celulares o tabletas y también funcionan como plantas de energía eléctrica.
La diputada Claudia Pérez Rodríguez, acompañada de personal de la empresa, realizó un recorrido por la ribera del Atoyac que fluye a través del municipio de Tepetitla, donde constató cómo se vierte agua contaminada desde una empresa de mezclilla localizada en Puebla.
Destacó que el problema de la contaminación en este afluente afecta principalmente a municipios como Ixtacuixtla, Nativitas, Nopalucan y Tepetitla; pero también se extiende a comunas del norte de Tlaxcala.
Agregó que estos hechos han causado ya la muerte de varias personas por cáncer y enfermedades renales, tanto por el contacto directo con la polución como con alimentos que son regados con estas aguas.
Al observar el agua negra vertida en el río, Tim Hassett -director de Cool Technologies, Inc.- refirió que no había visto tal grado de contaminación desde 1970 en Cleveland, Ohio; pero aseguró que su maquinaria es capaz de convertir en potable aún agua con ese nivel de degradación.
En la reunión sostenida en la presidencia de comunidad de Villalta, Tepetitla, el senador Joel Molina Ramírez enfatizó que en términos económicos y también sociales es más barato prevenir padecimientos que son producto de contaminación.
Por esta razón, instó a las diputadas federales, legisladores locales y funcionarios de los tres niveles de gobierno a destinar recursos y emprender acciones efectivas en favor de productores y la comunidad afectada por estos hechos.
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