El organismo autónomo destacó que la decisión del máximo tribunal del país es un avance fundamental en la protección de derechos humanos
Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 3 de diciembre de 2025
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) llamó al Ejecutivo, al Legislativo y a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) a tomar acciones que garanticen el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara disposiciones de la Ley de Salud y del Código Penal de Tlaxcala que criminalizan esta práctica o la limitan a contar con una denuncia previa o con el consentimiento de las familias en el caso de niñas y adolescentes víctimas de violación.
A través de un comunicado, la CEDH indicó que esta determinación del Alto Tribunal "constituye un avance fundamental en la protección y garantía de los derechos humanos en nuestra entidad, al eliminar barreras normativas que perpetuaban la revictimización, vulneraban la autonomía personal y obstaculizaban el acceso inmediato y efectivo a la salud".
El organismo que encabeza Jakqueline Ordóñez Brasdefer refirió que esta sentencia refuerza el carácter primordial autónomo del acceso al derecho a la salud, así como a los derechos sexuales y reproductivos sin dilación y sin requisitos injustificados.
Por ello, llamó al Poder Legislativo a hacer las adecuaciones al Código Penal (artículos 242 y 243) y de salud (artículos 44 Bis, 44 Bis-A, 53 Bis, 53 Ter y 53 Quarter) para armonizarlas conforme el fallo de la Corte que elimina el delito de aborto, sus condicionantes, así como los requisitos de haber presentado una denuncia para acceder por el supuesto de violación o contar con la autorización de quien tenga la custodia legal, en el caso de niñas o adolescentes.
Asimismo, exhortó a la Secretaría de Salud dependiente del Ejecutivo emita los lineamientos, circulares y protocolos para que personal médico y administrativo brinde atención sin condicionantes, pero también garantice la disponibilidad de servicios y la capacitación; mientras que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y municipios deberán adecuar sus programas de protección y difundir estos derechos en todo el territorio, especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.
La Comisión resaltó que a partir de esta sentencia, la FGJE "debe abstenerse de exigir o condicionar trámites ministeriales para la prestación de servicios de salud, ajustando sus protocolos de coordinación con las instituciones médicas".
Por último, la CEDH llamó a toda la estructura del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía a contribuir al cumplimiento de este fallo en el ámbito de sus respectivas competencias y así asegurar que sea una realidad tangible para todas las tlaxcaltecas.
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