Este órgano dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno deberá garantizar la transparencia en la Administración Pública Estatal y las municipales
Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 5 de octubre de 2025
El Poder Ejecutivo creó "Transparencia para el Pueblo" como un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que asumirá la obligación de garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales de los sujeros obligados que integran el propio Ejecutivo y los municipios de la entidad, tras la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) el pasado 30 de junio.
Este órgano desconcentrado tendrá a Norberto Sánchez Briones como su director, según lo dió a conocer el secretario de gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández a través de su cuenta de Facebook; pues de acuerdo con el decreto será designado y removido por quien detente el Poder Ejecutivo. Este director está "directa y jerárquicamente subordinado a la persona titular de la Secretaría".
"Estoy convencido de que, con este nombramiento, desde la administración estatal fortaleceremos las buenas prácticas en el servicio público y avanzaremos en la construcción de un gobierno cercano, eficiente y totalmente al servicio del pueblo tlaxcalteca", escribió el responsable de la política interna de Tlaxcala en su red social.
El decreto que crea "Transparencia para el Pueblo del Estado de Tlaxcala" fue publicado en el Periódico Oficial del estado el pasado 1 de octubre; en él, la administración de Lorena Cuéllar Cisneros determinó que será un órgano desconcentrado con autonomía funcional, técnica y de gestión para la toma de decisiones.
Tendrá como obligación garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad; por lo que deberá contar con recursos humanos, materiales y financieros que ejercerá con la vigilancia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Este órgano desconcentrado tendrá en sus atribuciones promover y supervisar la aplicación de las leyes de transparencia tanto de la Administración Pública Estatal como de los Municipios; para ello, deberá establecer medidas, impulsar la digitalización de la información, resolver recursos de revisión, imponer medidas de apremio y sanciones, capacitar a personas servidora públicas.
Asimismo, debera establecer políticas de transparencia y protección de datos, garantizar la accesibilidad para grupos de atención prioritaria, fomentar la cultura de la transparencia, rendir informes en materia de amparo sobre impugnaciones a sus recursos de revisión, emitir criterios de interpretación, realizar evaluaciones y auditorías para verificar el cumplimiento de la norma, por mencionar algunas.
De acuerdo con los artículos transitorios, este decreto estró en vigor el 2 de octubre y a partir de ese día, el Ejecutivo cuenta con 30 días para reformar el Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para regular este órgano.
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