La organización indicó que el Congreso del Estado no fue preciso al legislar sobre la "3 de 3" contra la violencia o establecer mecanismos de avaluación de aspirantes a elección judicial
Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 19 de junio de 2025
A diferencia de estados como Aguascalientes o Coahuila donde las personas interesadas en contender por un puesto en tribunales o juzgados tuvieron que presentar exámenes o certificaciones para ser tomados en consideración por los comités evaluadores, en Tlaxcala no fue así porque la reforma que realizó en Congreso del Estado no lo contemplo; como tampoco normó la verificación de la "3 de 3" contra la violencia, lo que sí hicieron 12 legislaturas estatales.
De acuerdo con el "Radar judicial" que realizó la organización México Evalúa sobre las reformas judiciales a nivel estatal para que los cargos de magistradas, magistrados, jueces y juezas sean elegibles mediante el voto popular en 22 estados del país, incluido Tlaxcala, existen pendientes no solo para asegurar que las personas postuladas cumplan con un perfil idóneo para la impartición de justicia; sino para garantizar la autonomía del Poder Judicial.
En ese sentido, Tlaxcala junto a otras 14 entidades tiene omisiones o lagunas en la Constitución local que aseguren la autonomía presupuestal del Poder Judicial de manera clara, como ocurre en la misma legislación federal; los que se traduce no solo en la calidad en la impartición de justicia, sino en la independencia de presiones políticas a los entes judiciales
"Sin embargo, históricamente, el presupuesto de los poderes judiciales ha sido utilizado como una herramienta de negociación política, priorizando intereses particulares sobre las necesidades reales del sistema judicial. Esto limita gravemente la capacidad técnica y operativa de las instituciones, que carecen de estrategias de planeación basadas en resultados medibles y enfocados en el fortalecimiento del acceso a la justicia", refiere la organización.
A pesar de ello, se observa que entidades como Estado de México, Jalisco, Morelos, Quintana Roo, Tamulipas, Veracruz establecen reglas para determinar un presupuesto mínimo con base en los ingresos ordinarios, el presupuesto de egresos o el gasto programable; mientras que Baja California, Guerrero, Nayarir, Oaxaca y Puebla impiden que el prespuesto del Poder Judicial sea menor al del año inmediato anterior.
Por lo que respecta al proceso de elección de cargos y una vez pasada la jornada electoral, el pasado 1 de junio, el estudio de México Evalúa permite observar algunos de los pendientes que tendrá el Congreso de Tlaxcala para garantizar que lleguen los perfiles idóneos a las campañas y, eventualmente, a los cargos para impartición de justicia.
De las 22 entidades que realizaron reformas constitucionales para hacer elegibles los cargos de juzgadores por voto popular, únicamente dos -Aguascalientes y Coahuila- establecieron exámenes o certificaciones; nueve más establecieron la "3 de 3" contra la violencia en sus vertientes de violencia de género y sexual, además de 12 entidades que establecieron que las personas deudoras alimentarias no pueden contender.
Ninguno de ellos fue tomado en consideración por legisladores tlaxcaltecas; aunque el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) sí emitió lineamientos específicos para verificar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad conforme a esos y otros supuestos establecidos en las leyes locales.
La LXV Legislatura tampoco estableció requisitos mínimos de edad, ni figuras de jueces sin rostro que sí fueron consideradas por otros congresos estatales.
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