Blanca Águila enfatizó que hacer a las instituciones juez y parte en materia de transparencia es un retroceso democrático
Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 29 de mayo de 2025
Con 19 votos a favor y dos en contra, la LXV Legislatura del Congreso del Estado concretó al desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP); de modo que sus funciones pasarán a formar parte de órganos internos de control de los propios sujetos obligados en los tres poderes, órganos autónomos, ayuntamientos, y otras instituciones que ejerzan recursos públicos o actos de autoridad.
Si bien el principal argumento para esta reforma fue la simplicación administrativa, se creará la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dentro de los 45 días siguientes a la entrada en vigor del decreto; ésta absorberá los recursos materiales que pertenecen al Instituto, así como los registros, padrones, sistemas que integran la Plataforma de Transparencia del IAIP que -en principio- transferirá todos los recursos financieros, administrativos y recursos humanos a la Secretaría de Finanzas.
En rechazo a la reforma, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRDT), Blanca Águila Lima externó su preocupación y decepción por esta reforma que convierte en juez y parte a las instituciones del Estado respecto a la rendición de cuentas, transparencia y protección efectiva de los derechos humanos; pues enfatizó que los mecanismos autónomos para vigilar al poder público son esenciales en una democracia.
"Lejos de representar un acto de eficiencia administrativa o de simplificación institucional, como se ha fundamentado, significa un retroceso alarmante en la construcción de un estado transparente, donde los derechos de las personas no deberían depender de un vaivén político ni de la voluntad de quienes gobiernan", subrayó.
La reforma a la Constitución local implicó derogar los artículos relativos al IAIP, así como modificaciones para que sean los propios sujetos obligados quienes atiendan su responsabilidad de velar por la vida privada y datos personales, así como de establecer mecanismos de acceso a la información pública con la finalidad de proteger este derecho.
Si bien el dictamen establece un plazo de 120 días para hacer la reforma a las leyes secundarias con el propósito de hacer valer las leyes de transparencia. También determina que en el caso de sindicatos será el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) el encargado de garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personas; y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) asumirá esta responsabilidad sobre los partidos políticos, pues conocerán de los recursos de revisión.
Mientras que en el caso de los tres poderes, así como de órganos autónomos, el garantizar esos derechos correrá a cargo de sus contralorías interna o similares; de modo que una vez con las reformas secundarias, cada institución deberá realizar los ajustes estructurales para cumplir con la norma.
Águila Lima recordó que a través de su intervención, el IAIP permitía conocer qué hacen las autoridades, en qué se gastan los recursos públicos, cómo se toman las decisiones; pues todas las personas pueden exigir respuestas a las instituciones. De modo que incorporarlos a los propios sujetos obligados tiene implicaciones éticas, legales, en la imparcialidad, pone en riesgo al confianza y especialmente afecta la calidad de la democracia.
"Desaparecer esta figura autónoma implica debilitar el poder ciudadano, la llave que le facilitaba acceder a la información de interés público y que representó al antesala de conocer actos de corrupción o excesos en el gobierno", puntualizó.
La legisaldora pidió al gobierno del estado garantizar los derechos laborales de trabajadores del Instituto que, según el documento avalado, tendrán que ser liquidados al momento de la extinción del órgano garante y cuyos derechos deberán ser respetados en todo momento.
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