Revira CFJG a procuradora: "Tlaxcala no solo es estado origen de trata, sino exportador de tratantes"

 

Redacción (Tlaxcala, 31 de enero de 2023) El Centro Fray Julián Garcés manifestó su preocupación por lo que consideró la minimización del problema de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual por parte de Ernestina Carro Roldán, procuradora del estado durante su comparecencia ante el Congreso del Estado este lunes; por lo que pidieron transparencia en las cifras e implementación de política pública para atender el problema,

    A través de un comunicado, la organización pidió que se publiquen estadísticas reales y coherentes sobre la problemática; se detenga la minimización de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual por parte del Ejecutivo al que señaló de "mostrar incapacidad, sino es que presunta complicidad con las redes de tratantes"; ejecutar la política pública establecida en el Programa Estatal contra la trata de personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres 2022 – 2027; y capacitar a las y los funcionarios en torno a la legislación y políticas públicas referentes a la trata de personas; se les sensibilice, y realicen un análisis de la realidad para comprender lo que es tan evidente en el estado.

    Señalaron que en su comparecencia, la titular la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) colocó aseveraciones y datos contradictorios, que mostraron una limitada, incapaz y reducida visión del abordaje de la problemática de trata de personas, evidenciando un actuar negligente el cual no corresponde a las obligaciones que la ley en la materia establece para las instancias encargadas de procurar justicia (que en casi todo el país son Fiscalías Autónomas, pero en Tlaxcala, es Procuraduría aún dependiente del Poder Ejecutivo).

 

     Indicaron que la afirmación de Carro Roldán respecto a que solo hubo una carpeta de investigación por este delito; implica que el problema se reduce a la existencia de una carpeta, no a la presentación de denuncias, ni mucho menos al abordaje de un problema que por un lado es difícil de denunciar, pero que, por otro, es tan patente en el contexto estatal que la Procuraduría tendría que iniciar carpetas de oficio, y hacer análisis de contexto, como se lo confiere la ley.

 

    Las y los activistas recodaron que el Centro “Fray Julián Garcés”, a través de recursos de acceso a la información tuvo conocimiento de que en 2021 la PGJE recibió 79 denuncias por trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, pero abrió dos carpetas de investigación, y atendió a 33 víctimas por denuncia presencial. Mientras que de enero a mayo de 2022, recibió 37 denuncias por trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, mientras que no abrió -hasta esa fecha- carpetas de investigación, y atendió a 14 víctimas por denuncia presencial. 

    Sin embargo, enfatizaron que no cuentan con los datos completos de 2022, dado que fueron solicitados el 5 de diciembre del año pasado; pero la Procuraduría no los proporcionó con el argumento de que se trata de información reservada.

    Asimismo observaron que la funcionaria señaló que se considera un asunto de trata cuando hay un presunto responsable y una víctima, al referirse a las denuncias al 911; lo que implica que en 2021 debió haber al menos 33 casos, y hasta mayo de 2022 al menos 14 casos de trata, dado que, de acuerdo con información de la propia PGJE había víctimas denunciando, sin embargo, esto no aparece en su numeralia.

 

    Señalaron que Tlaxcala es un estado de origen no solo de víctimas, sino particularmente de redes de tratantes, que tienen operaciones nacionales e internacionales, debido a ello, año con año se extraditan tratantes de origen tlaxcalteca a Estados Unidos. Si en el estado de Tlaxcala hay una incapacidad de investigar eficazmente para sancionar a las redes de trata, se entiende entonces por qué las víctimas no quieren denunciar y por qué las redes tlaxcaltecas continúan con sus operaciones.

    También observaron que la procuradora refirió que en la PGJE no tiene ninguna carpeta por delincuencia organizada, porque eso lo atiende la Fiscalía General de la República; lo que evidencia que no comprende aún que la trata de personas es delincuencia organizada, tal como lo refiere la legislación internacional y nacional en la materia.

    En cuanto a la aseveración de que la PGJE participa en la prevención de la trata a través de la investigación, remarcaron que esto muestra desconocimiento de las leyes estatales y generales en la materia, así como del Programa Estatal contra la trata de personas, donde se asientan las acciones de prevención, de las que el conjunto de instituciones que integran el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, tiene que estar al tanto, aun cuando las mayores competencias no recaigan en su institución. 

    Por todo ello, enfatizaron que si no hay una visión integral de la política, no se puede avanzar en la atención de esta grave problemática.