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miércoles, 17 de agosto de 2022

A un año de la AVGM, activistas denuncian simulación y falta de acciones contundentes


 

Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 17 de agosto de 2022) A un año de que la Secretaría de Gobernación declarara la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Tlaxcala, activistas han manifestado que la administración estatal no ha tomado acciones contundentes para su implementación y señalaron que hay simulación de las autoridades.


    En un pronunciamiento leído el sábado 13 de agosto, Edith Méndez Ahuactzi del Colectivo Mujer y Utopía (CMU) y del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio  (OCNF) dio a conocer que en lo que va del año se han registrado 27 muertes violentas de mujeres en el estado. "Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solo ha informado 11 muertes de las cuales solo existe una carpeta de investigación por feminicidio, siete por homicidios dolosos y cinco por homicidios culposos; el resto han sido clasificados como suicidios y otros como accidentes".


    Señaló que en seis años se duplicó el número de mujeres asesinadas en todo el país, de modo que la cifra ha llegado a entre 10 y 13 feminicidios por día y un acumulado de tres mil 451 víctimas en lo que va de la actual administración federal; pese a lo cual, las autoridades se niegan a dar un tratamiento distinto. "No reconocer que estos tienen orígenes distintos a los homicidios dolosos de los hombres es la primera forma de violencia institucional que enfrentamos las mujeres", puntualizó.


    La directora de CMU recalcó que la simulación, los obstáculos y el silencio de las instituciones mantienen la corrupción; mientras las familias se enfrentan a un peregrinar para buscar justicia; además a actitudes misóginas de quienes se niegan a investigar las muertes de mujeres con perspectiva de género, por lo que hay cerca de 200 casos en la impunidad.


    Por ello, demandó a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a implementar una política de Estado en contra de toda forma de violencia que incluya la mirada de las familias y las recomendaciones de la sociedad civil; a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a iniciar investigaciones de oficio y a tener cero tolerancia a la corrupción; así como a todas las autoridades a implementar cabalmente la AVGM; puesto que a la fecha ha quedado en discurso, actos de simulación y sin fondo.


    "Que las acciones no sean meros actos de simulación y se encaminen hacia un cambio profundo del contexto de riesgo e inseguridad que enfrentamos las mujeres y niñas en el estado", destacó antes de rechazar los discursos que niegan los contextos de feminicidio y señalar que la Unidad Especializada para la Investigación de este delito no ha brindado un informe desde su creación en marzo de 2021.


    Mientras que este miércoles 17 de agosto, la activista Eréndira Jiménez Montiel señaló que poco o nada se ha visto de la implementación de alerta; por lo que los retos son mayores debido a que solo se cuenta con 10 ministerios públicos para atender todas las formas de violencia contra las mujeres y se requiere no solo un mayor número, sino que estén certificados para actuar de manera ética, profesional y conocedora de los casos.


    "No se trata solamente de tener un informe y que nos digan cuántas reuniones se han hecho para pensar en lo que se debe de hacer, sino qué acciones se han tomado para que realmente la declaratoria de alerta ya esté implementada", mencionó en referencia a lo dicho por el secretario de gobierno, Sergio González Hernández, quien aseguró que se presentará un informe en el marco del primer año de la AVGM y recordó que se presentó uno por los primeros seis meses.


    Jiménez Montiel recalcó que no se ha cumplido con las acciones previstas en la declaratoria y si bien la Alerta es el único mecanismo que existe en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, su funcionamiento depende de la voluntad política y compromiso de quienes encabezan las instituciones.


    Por su parte, Silvia Avelina Nava Nava, consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres, enfatizó que no solo se requieren instituciones, programas o subsidios; sino de que las primeras cuenten con independencia jurídica, que haya presupuestos etiquetados y transparencia tanto en las acciones como en el desarrollo de programas, así como rendición de cuentas con perspectiva de género.

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