Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 10 de mayo de 2022) La diputada Lorena Ruiz García (PT) planteó reformas a la Ley Municipal del estado a fin de hacer obligatoria la creación de institutos municipales de la mujer y establecer tanto las características como las atribuciones.
La legisladora recordó que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ratificado por el Estado Mexicano en 1981 hace énfasis en la necesidad de institucionalizar la perspectiva de género al formular leyes, políticas, normas y acciones específicas; desarrollar instrumentos técnicos y metodológicos para la planeación, seguimiento y evaluación de programas; sensibilizar y capacitar con perspectiva de género al personal público; y disponer de recursos suficientes para la implementación de políticas en la materia.
Esto, agregó, implica mejorar el conocimiento sobre los derechos humanos de las mujeres; derogar disposiciones discriminatorias; capacitar a jueces, fiscales y defensores públicos; superar la cultura machista; prevención de las muertes violetas y desapariciones forzadas de las mujeres; ampliar las posibilidades de inclusión económica y cerrar la brecha salarial; prevención del embarazo, entre otras.
Ruiz García destacó que los institutos estatales de la mujer -así como la instancia estatal y la nacional- deberían promover esta política; sin embargo, no cuentan con recursos, personal capacitado en perspectiva de género y en ocasiones ni siquiera oficinas para desarrollar su labor. De igual forma, recordó que algunos dependen de los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), como sucedió recientemente en algunos municipios del estado.
Por ello, planteó modificar el artículo 71 para establecer que la administración pública municipal también estará integrada por la directora del instituto municipal de la mujer; instancia que tendrá a su cargo proponer programas, proyectos y acciones encaminadas al desarrollo de las mujeres, promover el empleo, impulsar su profesionalización, desarrollar capacitaciones, apoyar la creación de programas de reeducación de agresores, por mencionar algunas, en coordinación con las instancias estatales y federales
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