Opinión | La vuelta al pasado

Esta columna forma parte de la edición 59 de Expediente Político.Mx. Descarga aquí.

Por Leopoldo Rodríguez Aranda 

La semana que termina nos regaló una estampa de lo fácil que es olvidar el pasado y retomar la senda que creíamos superada. El Congreso federal aprobó cambios legales y de interpretación sobre actos de promoción y propaganda que pueden realizar los servidores públicos en el contexto de la revocación de mandato. En concreto y con una velocidad inusitada pues a solo unos minutos de haber sido aprobados los cambios fue publicado el Decreto que modifica los artículos 449, numeral 1, incisos b, c, d y e de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 33, párrafos quinto, sexto y séptimo y 61 de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Esta distorsión interpretativa de la ley violenta el espíritu histórico de la senda de reformas que comenzaron en 1977 y culminaron con la ciudadanización del órgano electoral federal y la construcción de un intrincado sistema electoral en 1996 que ha permitido al país varias transiciones pacíficas en la presidencia: las de 2000, 2012 y 2018. Desde esa primera gran reforma electoral y las consecuentes crisis poselectorales ocurridas en 1986 y luego en 1988, la presión de los partidos opositores tenía como base no solo la ausencia de certeza en los resultados electorales sino también lo inequitativo que era el escaso acceso de la oposición a los medios de comunicación para promocionar sus plataformas y candidaturas, así como la enorme disparidad en el presupuesto para organizar sus campañas.

La llamada transición a la democracia en México fue larga y lenta pero lo suficientemente exitosa como para permitir que en 2000 un candidato opositor ganara la elección más importante del país, la de la presidencia de la república. Y eso fue posible no solo gracias al cúmulo de experiencia y construcción de confianza que generó el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), sino también a que las reglas para el acceso a las prerrogativas en forma equitativa estuvieran garantizadas en la ley y ejecutadas a cabalidad por el organismo electoral. Entre ellas, la del acceso a medios de comunicación y al presupuesto público, pero una fundamental fue la de prohibir que los servidores públicos hicieran campaña con los programas públicos y a favor del partido de sus preferencias.

La reforma legal que nos regaló el Congreso para que los servidores públicos promuevan el ejercicio de revocación de mandato del próximo 10 de abril es un retroceso porque elimina muchas de las garantías procesales de la organización electoral y porque abre la puerta a que en el futuro inmediato el presidente intente limitar y apropiarse del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante sus leales en el Congreso que al día de hoy son mayoría aunque no lo suficiente para lograr una reforma constitucional.

Muchas son las razones que pueden encontrarse para que el presidente y el Congreso hayan actuado como lo hicieron, pero parece que la principal es que el semáforo -y no el de la pandemia por COVID-19- está en amarillo debido a que las encuestas muestran, sobre todo en la Ciudad de México, que el resultado de la votación del 10 de abril será un empate entre el “sí” y el “no” porque continúe el presidente en su cargo hasta la conclusión del mandato en 2024, así como las que señalan una derrota.

Es claro que esa circunstancia deriva de la pérdida de popularidad/confianza de la población hacia el presidente derivada de las cada vez más claras sospechas y certezas de que muchos de los funcionarios de la alta función pública han aprovechado sus cargos para beneficio propio y el contundente reportaje sobre la vida de lujos y exclusividad en que viven los hijos del mandatario sin que tengan un trabajo que lo justifique y sin que AMLO haya podido siquiera esgrimir algún argumento convincente sobre esa lamentable situación que da al traste con la defensa más importante con que cuenta: la inmaculada pureza política libre de corruptelas que presume desde siempre.

La elección de junio de 2021 fue dolorosa para Morena, pero en particular para AMLO y Sheinbaum. Perder prácticamente las preferencias de la mitad de los electores en la Ciudad de México fue algo inesperado pero entendible. La pésima gestión de la crisis sanitaria, los escasos resultados en los temas más relevantes para la población citadina (transporte público, empleo, seguridad pública, ordenamiento del espacio público) y la subordinación evidente de la jefa de gobierno al presidente contribuyeron al hartazgo que, muy a pesar de su partido, continúa expandiéndose por varias entidades de la república.

Está claro que el talento del presidente está en organizar campañas electorales y en el control de la agenda pública y de comunicación, pero no en la gobernación. Esa deficiencia la está y la estamos pagando muy caro todos porque las consecuencias de lo que se está haciendo y lo que no se hace serán difíciles de corregir en el corto plazo y dejarán consecuencias hasta hoy desconocidas para el sector público y para el diseño y puesta en marcha de las políticas públicas en el futuro. 

Lo más lamentable es que a 30 meses de que concluya el actual periodo presidencial ya todo huele a campaña electoral para el 2024 y eso es algo no solo indeseable sino incluso irresponsable. Muchas son las áreas que hoy siguen en crisis grave como para que la atención del presidente y su gabinete esté centrada en buscar al candidato y repetir el triunfo de 2018 antes que en retomar el rumbo de la gobernabilidad después de lo difícil que han sido los dos últimos años, lo complejo que pinta el presente año y los sucesivos producto de la política internacional.

Mientras, nuestro gobierno está en campaña. De hecho, nunca dejó de estarlo.