Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 29 de marzo de 2022) Especialistas en materia electoral coincidieron en que la revocación de mandato es un ejercicio promovido desde el gobierno federal y simpatizantes de él que servirá para medir la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, puesto que no ha sido impulsado con la intención de removerlo del cargo.
Esta mañana se llevó a cabo el foro estatal organizado por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), donde su titular, Jesús Lule Ortega, reconoció que se trata de un ejercicio polémico desde su inicio a causa de los recursos necesarios para su realización, el número de casillas a instalar y la difusión.
En la Infoteca Central de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), el sociólogo Claudio Cirio Romero habló sobre las diferentes manifestaciones de la democracia en el país y destacó que el ejercicio que se llevará a cabo el próximo 10 de abril fue promovido por quienes están a favor y comprometidos con el actual gobierno federal, contrario a la idea prevista en la ley para que este tipo de de consultas sean promovidas por quienes están inconformes con su gestión.
No obstante, cuestionó el actuar del INE ante esta consulta pues aseguró que lejos de mantenerse como árbitro y ayudar a que se consolidara, se ha involucrado en una contienda que no le pertenece y a su juicio ha propiciado que menos gente se interese en ella. En este sentido, aprovechó para señalar que el órgano electoral ha quedado desfasado y requiere reformarse.
Por su parte, el exconsejero electoral, Marco Antonio Baños Martínez, destacó que este ejercicio es promovido desde el gobierno federal a fin de cumplir una de las promesas de campaña del presidente que fue -justamente- someterse a un ejercicio de revocación de mandato; por lo que el hecho de que la recolección de firmas haya provenido de sus simpatizantes lo convierte en un acto para medir su popularidad a mitad de su administración.
Agregó que se ha tratado de un proceso altamente judicializado desde un inicio y hasta la más reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que consideró inaplicable el decreto de interpretación sobre la propaganda gubernamental. A propósito, indicó que fueron los mismos legisladores de Morena quienes se dieron "un balazo en el pie" al incluir los principios ya aplicables a la comunicación política en procesos electorales para estos casos.
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