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lunes, 24 de mayo de 2021

Piden organizaciones tregua legislativa para afianzar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio

 


Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 24 de mayo de 2021) Renace y la Red por la Justicia Penal han llamado a tregua tanto al Congreso de la Unión como al Ejecutivo Federal a fin de evitar reformas al Sistema de Justicia Penal Acusatorio que puedan lacerar su funcionamiento, así como las garantías de los justiciables.


En entrevista, Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de institución Renace y coordinador general de la  Red por la Justicia Penal, señaló que han realizado diversos encuentros entre actores del sistema a nivel nacional, a fin de recabar las experiencias en torno a la impartición y procuración de justicia, así como a la ejecución penal con el propósito de afianzarlo.


"Lo que requieren los operadores es apoyo para su desempeño y no nuevas leyes", comentó. Por esta razón, piden una tregua legislativa ante las iniciativas de ley pendientes de analizarse en el Congreso de la Unión, toda vez que las ya aprobadas han impedido que el sistema se afiance.


Derivado de las reuniones, han observado que el reto más importante para su implementación es apoyar con liderazgos nacionales y locales para fortalecer tanto a las instituciones como a los operadores del sistema, a través de una mejor coordinación, organización y revisión de experiencias.


En cuanto a la procuración de justicia, indicó que todos los estados deben contar con un plan de  persecución penal y que lo pongan en operación para organizar su funcionamiento de acuerdo con  la incidencia delictiva y la política criminal de cada entidad.


En cuanto a la impartición de justicia, Sánchez Bocanegra precisó que es necesario trabajar respecto a los criterios jurisdiccionales para impartición de justicia cuando se trata de los mismos delitos; lo que demanda un diálogo permanente con las autoridades para revisarlos y homologarlos.


Respecto a la ejecución penal, expuso que los encargados de ella tienen que ajustarse a las herramientas que tiene a su alcance, lo que ocasiona deficiencias. En este sentido, abundó que debe quedar claro quién debe hacer el cómputo de la pena y registrar su avance, a fin de que quienes cumplan con el 50 por ciento de la sentencia puedan tramitar los beneficios.


Martín Sánchez, puntualizó que la contrarreforma inició con el impulso a la prisión preventiva oficiosa que impulsaron el presidente y los legisladores de Morena; misma que va en contra del sistema acusatorio y de principios como la presunción de inocencia. "Si un juez mete a alguien a la cárcel de manera inmediata y sin cumplir con las normas, da un golpe bajo al sistema de justicia, lo lacera, lo daña. Su funcionamiento se puede ver en peligro", recalcó.


Por ello, se tienen que aplicar los criterios establecidos en la norma para implementar la prisión preventiva necesaria en caso de exista riesgo de fuga, de daño a la víctima, obstrucción de pruebas o de volver a delinquir; situación que se determina en una audiencia de partes donde hay argumentación y el juez decide conforme a las pruebas.


"Lo más fácil es meter gente a la cárcel como si se hiciera justicia, pero no se hace y eso es una aberración. Lo que pasa es que las cárceles están sobresaturadas y hay que buscar que no lo estén porque esto genera descontrol, crimen al interior, autogobierno y volvemos al círculo vicioso", expuso.


El director de RENACE recalcó que esta medida únicamente logra que las cárceles de llenen de personas pobres que no tienen para pagar una defensa y porque no tienen un derecho de audiencia; lo que deriva en que el 98 por ciento de la población tenga que permanecer en la cárcel varios años para cumplir por una sentencia de dos o dos y medio. Esto significa un importante costo económico para el Estado, además de dañar a las familias, comentó.


Por todo ello, han acercado a los legisladores y autoridades federales la información reunida en una agenda de arranque que debe fortalecerse con evaluaciones al sistema. En consecuencia, estiman que debería darse un plazo de, al menos, cinco años antes de realizar modificaciones legislativas y cuando se hagan sea para fortalecer tanto la procuración e impartición de justicia como la ejecución penal.


Sobre las expectativas de respuesta a esta tregua, Sánchez Bocanegra refirió que esperarán a ver cómo queda la Cámara de Diputados después del 6 de junio y si a partir de ella sus propuestas tienen más eco que con la actual legislatura, mayormente conformada por diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que no ha sido efectiva hasta el momento.


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