Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 7 de mayo de 2021) Viviana Barbosa Bonola se dijo convencida que el poder de la verdadera política está en la sociedad civil, cuyos integrantes "nos están poniendo el ejemplo a las candidatas y candidatos de cómo hacer buenas políticas públicas a partir de la verdad, de la certeza y del estudio".
Al recibir la Agenda Ciudadana ante la crisis socioambiental y la grave situación de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, de manos de activistas del Centro Fray Julián Garcés, la Pastoral Social a la Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala, la Coordinadora por un Atoyac con Vida y las Organizaciones de la Iniciativa Popular.
La candidata al gobierno de Tlaxcala de Fuerza por México comentó que la realidad dista mucho de lo que muestran las estadísticas, por lo que es necesario reconocer que hay impunidad ambiental y delictiva; pues ambos temas implican delincuencia organizada
Retomó los datos de las organizaciones respecto a que el daño ambiental implica afectaciones a más del 90% de los cuerpos de agua contaminados y destacó que son 48 los municipios responsables de que no se implementen acciones propositivas, que sumados a las empresas formales e informales y al mal funcionamiento de las plantas tratadoras de agua, contribuyen a la contaminación.
Para ello, propuso legislar para crear impuestos inteligentes a partir de las multas a industrias, con el propósito de redirigirlas a una bolsa para sanear la cuenca del Atoyac-Zahuapan; pero además, destinar el 1.5 por ciento del total recaudado por el impuesto sobre nómina a programas de medio ambiente, activación del deporte y cultura.
"Tenemos que saber qué tipo de empresas llegan a la entidad. En lo personal, me comprometo que en mi gobierno no llegarán empresas que estén absorbiendo y ocupando nuestros buenos mantos acuíferos", comentó.
Respecto al tema de trata de personas, Viviana Barbosa destacó que lo primero es reconocer que Tlaxcala tiene un problema y apoyarse de la investigación realizada por organizaciones de la sociedad civil para dar certeza a las acciones.
Agregó que se debe vincular este delito con algunos otros, aplicar la cero tolerancia a servidores públicos que pudiera estar involucrado en actos de corrupción e investigarles si ése es el caso. Además de aceptar la alerta de género para dar sentido a las acciones del gobierno y crear la fiscalía general de sustancia.
Rafa Torre, candidato al distrito 10, comentó que reiteradamente se ha señalado a la empresa de su familia, situada en Apetatitlán, por la contaminación del río; a lo que objetó que cuentan con una planta de tratamiento de alto nivel y que son otras las empresas las que vierten residuos.
No obstante, se comprometió a impulsar una investigación desde el Legislativo para identificar cuáles son las empresas que contaminan y a que si es la de su familia, tomarán acciones en contra.
En su intervención, Josefina Rodríguez Zamora, candidata a diputada local, puntualizó que se deben analizar las acciones, sancionar, prevenir y verificar que se actúe de la forma correcta. Por ello, están interesados en impulsar leyes que ayuden a una mejor calidad de vida.
En respuesta, Alejandra Méndez Serrano, directora del CFJG, comentó que cada empresa y hogar debe asumir su nivel de responsabilidad en el tema de contaminación; por lo que es importante legislar para que se reconozcan sustancias tóxicas que la norma no prevé actualmente como motivo de sanción y que las empresas reutilicen el agua contaminada en sus propios procesos.
Refirió que las multas es un acto de pagar por contaminar, pues las industrias prefieren asumir el costo económico que cambiar su proceso de saneamiento o descarga.
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