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miércoles, 28 de abril de 2021

Ocuparse de la trata de personas y la devastación ambiental es una obligación de las autoridades: OSC


Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 28 de abril de 2021) Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) presentaron esta mañana la Agenda Ciudadana  ante la crisis socioambiental y la grave situación de trata de mueres y niñas con fines de explotación sexual, dirigidas a quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular a renovarse el próximo 6 de junio.


Alejandra Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, destacó que la agenda reúne propuestas medibles y cuantificables que deberán implementarse como una obligación ante las graves situaciones en ambos temas. "Quien llegue al cargo, de las candidatas y los candidatos está obligado legalmente a implementar estas acciones", comentó.


Asimismo, comentó que este jueves presentarán la propuesta a las candidatas para el gobierno estatal Lorena Cuéllar Cisneros y Eréndira Jiménez Montiel; mientras que el lunes se reunirán con Anabell Ávalos Zempoalteca y con el resto de los aspirantes continúan en pláticas para hacer la entrega formal.


Por su parte, el padre Marco Antonio Padilla Aguilar, director diocesano, indicó que "si nuestros candidatos tienen esa sensibilidad de las heridas que tiene nuestro pueblo, es lógico que esto ya tiene que estar anunciados. Nosotros sólo puntualizamos lo que vivimos en Tlaxcala. Si un candidato no ha tocado esos puntos, entonces vive en otra realidad.


De tal manera que la agenda, indicaron, se desarrolla entorno al trabajo que las organizaciones civiles han desarrollado a lo largo de 20 años junto a la Diócesis de Tlaxcala para denunciar y construir desde las comunidad posibles soluciones.


Por lo que respecta a la problemática del río Atoyac, pidieron a quien sea titular del Ejecutivo estatal atender la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno a su saneamiento integral y la reparación del daño a comunidad; integrar un rubro presupuestal expresamente para esta actividad; y dejar de ofrecer créditos o subsidios a establecimientos con más de 30 empleados asentados o que pretendan asentarse en el territorio.


También, cambiar el patrón de urbanización e industrialización para que incluya una perspectiva de salud pública y con enfoque en la cuenca; coordinar programas y acciones de salud conforme a la crisis ambiental; coordinar con los tres niveles de gobierno para elaborar planes de acción e investigación, y emitir un informe preliminar sobre el panorama de salud en la cuenca y fortalecimiento de infraestructura hospitalaria. Además, de atender a los campesinos afectados por la contaminación


Respecto a los próximos titulares de ayuntamientos, pidieron elaborar y actualizar el inventario de usuarios de agua y drenaje; diseñar un sistema de monitoreo y vigilancia de descargas de agua residual de empresas y la industria; aumentar el cobro de predial a grandes industrias con base en sus ingresos y  la contaminación que generan.


Prohibir subsidios y compensaciones a empresas con más 30 empleados, y celebrar asambleas periódicas para propiciar la participación comunitaria en la atención de estas problemáticas.


En cuanto a las legislaturas, realizar reformas y adiciones a la ley para; prohibir la descarga de sustancias tóxicas, sancionar penalmente a instituciones y particulares que contaminen, regular  la producción industrial a partir de toda la cadena de suministro a fin de  visibilizar y responsabilizar de forma individual y colectiva; destinar presupuesto para el saneamiento de sitios contaminados; y, junto al Poder Judicial, crear tribunales en materia ambiental.


En cuanto a la trata de personas, en primer término las y los activistas demandaron al Ejecutivo implementar el "Programa estatal para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de la víctima de los mismos".


Desde la educación, crear cultura de prevención con prioridad en las zonas más afectadas, a través de sensibilizaciones en materia de derechos humanos, género y trata de personas; formar enlaces educativos para prevención; propiciar cambios en el imaginario sociocultural sobre el significado de ser hombre.


Asimismo, Involucrar a sectores social, empresarial, industrial y productivo en la prevención; actualización y capacitación a personal que participe en los procesos de prevención, atención y sanción; apoyar la creación de refugios; elaborar mecanismos acceso información interinstitucional y para rendición de cuentas en torno a este tema; y junto al Poder Judicial fortalecer procuración de justicia.


Finalmente, a los ayuntamientos pidieron instrumentar políticas y acciones para prevenir y erradicar la trata de personas, sensibilizar a servidores públicos y funcionarios, apoyar la creación de refugios; así como detectar la trata de personas en su demarcación desde los trámites para expedir licencias a negocios como bares, clubes nocturnos, hoteles, moteles, centros de espectáculos, por mencionar algunos.


En la conferencia participaron Roberto Muñoz Mendoza de la Iniciativa Popular Contra la Trata de Mujeres y Niñas; junto a Mayra Peña Contreras y Alejandra Ramírez Varela de la coordinadora por un Atoyac con Vida

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