Encuestas electorales. ¿Qué debes tomar en cuenta?

 

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 Zurya Escamilla Díaz

Seguramente en las últimas semanas has recibido al menos una llamada con la in-tención de aplicarte un cuestionario y conocer tus preferencias electorales para una encuesta, tal vez te han abordado mientras caminas por la calle o incluso han llegado hasta tu domicilio.

    Los estudios para conocer la opinión de la ciudadanía son un instrumento de gran importancia para quienes aspiran a un cargo de elección popular y desean saber cuál es la opinión o el nivel de preferencia que tienen entre el electorado; de modo que recurren a ellos para tomar decisiones sobre las estrategias que seguirán.

    Pero no son los únicos interesados y aun-que las encuestas electorales son un retrato un momento específico en el tiempo (aquél en que se aplicaron), la ciudadanía suele estar pendiente de sus publicaciones para tener un panorama de lo que ocurre en la escena política.

    En los comicios de 2012 se hizo evidente que los resultados de estudios difundidos por medios de comunicación cobraron un papel relevante en la opinión que tenía la ciudadanía sobre quienes buscaban la presidencia del país; razón por la que autoridades, legisladores y actores políticos consideraron necesario hacer reformas para regularlas.

    El argumento entonces fue que habían sido deliberadamente utilizados para manipular la percepción sobre cómo se desarrollaba el proceso electoral y aunque aún ahora continúa el debate sobre si debe o no haber una regulación, la realidad es que hay normas específicas en esta materia que deben observarse en cada ocasión.

    A partir de la reforma electoral publicada en 2014, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe emitir reglas, lineamientos y criterios a seguir por quienes deseen realizar estudios de opinión en el marco de los procesos electorales; éstos serán formulados luego de consultar a organizaciones y profesionales en la materia.

    Entre éstos, las personas físicas o morales que los realicen tendrán que rendir un informe -a más tardar cinco días después de la publicación- que permita conocer la metodología empleada, los costos, a los responsables y los resultados; mismos que deberán estar disponibles en la página web del INE, a fin de que cualquier persona interesada conozca cómo se efectuaron.

    Desde el 7 de septiembre, el INE ha integrado cuatro informes sobre las encuestas publicadas en el país, para los cuales toma como referencia 430 medios de comunicación impresos: 58 nacionales y 372 locales.

    En éstos se especifica quién la llevó a cabo, quién la patrocinó o pagó por ella, la población objetivo, las fechas de realización, la frecuencia con que no se obtuvo respuesta o se rechazó contestar la en-cuesta, el fraseo de las preguntas y el método para la recopilación de los datos.

    Entre el 7 de septiembre y el 2 de diciembre, la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) del órgano electoral ha monitoreado un total de 36 publicaciones relacionadas con en-cuestas electorales: ocho fueron clasificadas como originales porque se publicaron por primera vez, seis como reproducciones de las anteriores y 22 que únicamente citaron la información inicial.

    Tan sólo en los primeros nueve días se contabilizaron cuatro, de las cuales no se requirió informe porque se refirieron a estudios realizados antes del inicio del proceso electoral en turno.

    Hasta el 2 de diciembre, el Sistema de Encuestas Electorales (SEE) había recibido siete informes por parte de las casas encuestadoras, organizaciones o medios de comunicación que las hicieron públicas. Todas ellas buscaban conocer las preferencias electorales respecto a las diputaciones federales y su realización ha implicado costos por dos millones 261 mil 360 pesos, de acuerdo con lo reportado al INE.

    Dos de ellas fueron realizadas, patrocinadas y publicadas por Foro Ciudadano #27 Mx que erogó 190 mil 800 pesos; una más por Massive Caller que ha resultado la más costosa con un millón 500 mil pesos; y otra por Grupo Reforma cuyo costo ascendió a 250 mil 560 pesos y cuyos resultados se publicaron en medios que forman parte del corporativo.

    Además, tres medios pagaron a casas encuesta-doras para la realización de estudios que publica-rían después: El Financiero contrató a Moreno y Sotnikova Social Research and Consulting para la realización de una encuesta telefónica cuyo costo ascendió a 60 mil pesos.

    Mientras que Reporte Índigo se apoyó de Delphos Nudge Unite para la misma actividad que, en este caso, implicó un costo de 40 mil pesos. Finalmente, El Universal pagó 220 mil pesos a Buendía & Laredo con este mismo objetivo.

    Estos siete informes avalan la mayor parte de las 36 publicaciones realizadas. Sin embargo, el INE reportó una publicación correspondiente al 27 de octubre en El Periódico de Tlaxcala, a propósito del mismo tema, de la cual no recibió el informe correspondiente e indicó que lo solicitaría con el propósito de que se conozca la metodología empleada por “Información y análisis”, a la que se adjudica como fuente de los datos.

    Aun con estos reportes que presenta periódica-mente el órgano electoral, puntualiza en el reglamento de elecciones y en los informes mismos que publicar la metodología no significa que como autoridad reconozca la calidad de los estudios, su validez o cualquier conclusión a la que se llegue a través de ellos.

    Tal como ya se ha mencionado, el principal pro-pósito es que las y los interesados conozcan a detalle cómo se efectuaron unos u otros estudios, quién los realiza, quién los paga, cuánto costó realizarlos y los resultados.

    Por otra parte, la reglamentación se endurece en cuanto más cercana está la jornada electoral, de modo que ningún medio de comunicación, organización, ciudadanía, actor o partido político podrá hacer públicos los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan como propósito dar a conocer las preferencias electorales tres días antes de la jornada electoral y hasta el cierre de casillas.

    Esto incluye las llamadas encuestas de salida; es decir, aquéllas que tienen como finalidad conocer el sentido efectivo del voto del electorado, inmediatamente después de haber concurrido a las urnas.

    Quienes deseen realizar este tipo de trabajo de-ben informar al Secretariado Ejecutivo del INE a más tardar 10 días antes de la jornada electoral y acompañar esta manifestación de la información necesaria para conocer cómo se realizará el estudio, así como de un informe completo tras la publicación.

    El incumplimiento con la prohibición de publicar los resultados de estudios de opinión tres días antes de la jornada y hasta el cierre de todas las casillas en el país (hay que considerar que existen tres husos horarios), podría costar al infractor hasta cien días de multa y de tres a seis meses de prisión.

    Seguramente en los meses venideros serán numerosos los resultados de encuestas que se podrán observar en medios de comunicación, redes sociales y páginas de internet; pero no está de más echar un ojo la página del INE para conocer los criterios que se han considerado para ellas.