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lunes, 6 de enero de 2020

SEPE y PGJE instancias con más expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos en 2018: Inegi


Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, Tlax., 6 de enero de 2020) La Secretaría de Educación Pública  (Sepe) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fueron las dos instancias que registraron un mayor número de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en 2018, con 113 y 99, respectivamente.
Los resultados del tercer censo nacional de derechos humanos que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el pasado mes de diciembre dan cuenta de un total de 662 casos calificados por las comisiones nacional y estatal de derechos humanos en las que se involucran instancias federales y locales.
De éstos, 28 corresponden a seguridad pública, 25 a la secretaría de gobierno, 29 al sector salud, ocho al sistema penitenciario, 18 al poder judicial, tres a organismos encargados de la administración de agua, tres al DIF y una directamente iniciada contra el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.
Resultado de los expedientes, se contabilizaron 419 víctimas: 239 hombres, 174 mujeres y seis organizaciones; de ellos, 218 radican en expedientes ya concluidos.
Además, el recuento del Inegi destaca que el 86 por ciento de las solicitudes de queja presentadas ante la CEDH fueron desechados, lo que equivale a 569 casos; mientras que el 14 por ciento restante fueron atendidos.
En 2018, contabilizaron dos mil 138 expedientes de queja vigentes, 298 de los cuales fueron aceptados para continuar con su trámite y en mil 406 casos únicamente se brindó orientación, por lo que se clasificaron como desechados.
Por otra parte, 370 de estos hechos presuntamente violatorios de derechos humanos estuvieron relacionados con atentados contra la libertad personal, 86 más contra el derechos a la integridad y seguridad personal, 30 contra el principio de igualdad y no discriminación, uno contra el derecho a la vida, 63 contra derechos civiles, cuatro contra el derecho a un ambiente sano, 29 contra los derechos laborales y ocho contra el acceso a la salud.
En total, sumaron 313 expedientes iniciados contra autoridades municipales: 178 contra direcciones de seguridad pública, 97 contra presidencias municipales, 18 contra los juzgados calificadores, seis contra sistemas municipales DIF y 14 más contra instancias no especificadas.
Los expedientes de queja concluidos en su totalidad sumaron 188; mientras que otros 169 expedientes están pendientes de resolución.

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