Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, Tlax., 13 de septiembre de 2019) El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Aarón Pérez Carro, refirió que en cada uno de los dos casos de secuestro que tuvieron lugar esta semana en la entidad, los delincuentes solicitaron un millón de pesos; pero en ninguno de ellos se efectuó el pago.
Cuestionado si las cifras de secuestro en Tlaxcala "se maquillan", el Procurador comentó: "no sé quién maquille, yo no maquillo nada. Todo está ahí asentado y pueden diagnosticar. El día que quieran los invito para que podamos checar caso a caso los números que tenemos reportados a nivel nacional y los que estamos radicando diario."
Agregó que todas las corporaciones de seguridad -estatal y municipal- deben estar preparadas para atender éste y otros tipos de delito. En este sentido, comentó que la investigación se ha iniciado -en ambos casos- por secuestro; por lo que en este momento no pueden aventurar que estén relacionados con crimen organizado y, de ser así, correspondería a la Fiscalía General de la República (FGR) atenderlos.
En entrevista colectiva, Pérez Carro explicó que el lunes tuvieron conocimiento de la privación ilegal de la libertad de una mujer y sus tres menores -quienes poseen doble nacionalidad: mexicana-norteamericana- en Acuitlapilco.
Por ello, montaron un operativo que, el día miércoles, les permitió localizar uno de los vehículos involucrados; así como a las personas secuestradas en el municipios de Papalotla, quienes se encontraron en buen estado de salud.
En este proceso, aseguraron a dos personas que fueron presentados en audiencia ante el juez este viernes; a la espera de una resolución y una posible vinculación a proceso.
En este caso, contaron con la participación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de la Policía Municipal de Papalotla y del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Esta última participación derivó del reporte que el padre de las menores realizó en los Estados Unidos, donde labora.
En tanto, informó que un reporte, también por privación ilegal de la libertad en un fraccionamiento de Huamantla, derivó en un operativo al que sumaron los tres niveles de gobierno y resultó en que los secuestradores abandonaran a la víctima en unos terrenos de ese municipio.
Precisó que se inició una alerta entre las diferentes corporaciones de seguridad para localizar tanto a las personas como a los vehículos que intervinieron.
Si bien la persona secuestrada no presentó lesiones de gravedad, fue trasladada para su atención médica y presentada ante el Ministerio Público para que rindiera su declaración.
Cabe señalar que, más tarde, la PGJE informó del aseguramiento de dos personas, presuntamente vinculadas con estos hechos.
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