Editorial
Crear organismos e instituciones especializadas para atender a grupos en específico ha cobrado especial relevancia en los últimos años, sin embargo el valor real que dan sus impulsores es poco y sus alcances terminan por ser nulos como en el caso de la Defensoría Pública Electoral que no ha terminado de nacer desde su creación en ley hace dos años o la Secretaría de las Mujeres que todavía no logra establecer un rumbo.
Sin duda hay necesidad de que se atiendan causas específicas, pero quienes ya forman parte de las instituciones existentes deben asumir su responsabilidad no como una concesión, sino como una medida indispensable para cerrar brechas y corregir las fallas estructurales que propician la desigualdad y la necesidad de generar nuevas instancias y acciones.
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