Diputadas proponen regular "anexos", apoyo a mujeres rurales, y actualizar normas sobre pensión alimentaria

• Las iniciativas fueron turnadas a comisiones para su análisis

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 16 de abril de 2026

La diputada Gabriela Hernández Islas planteó regular los centros de tratamiento de adicciones en el estado, también conocidos como anexos; toda vez que hay antecedentes de violaciones a derechos humanos, muertes y delitos cometidos entorno a estos espacios.

    En Tlaxcala, explicó, "la falta de regulación exhaustiva en la norma respecto a los centros de rehabilitación informales, comúnmente conocidos como anexos, genera una problemática grave que incluye violaciones a los derechos humanos, métodos de tratamiento no profesionales y riesgos para la integridad física y mental de las personas usuarias de estos establecimientos", observó.

    Por ello, su iniciativa plantea que estos centros de inscriban en un Padrón  Estatal de Centros de Comportamiento Adictivo que, de lo contrario, no podrán operar; además deberán garantizar el respeto a los derechos humanos, tratos crueles, degradantes o cualquier forma de maltrato; deberán contar con especialistas en psicología, medicina, enfermería y trabajo social; así como un permiso de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIST).

    En la misma sesión, la legisladora Anel Martínez Pérez propuso reformar la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable con la finalidad de garantizar la perspectiva de género en la ejecución de programas y subsidios para la producción del campo; toda vez que se ha desconocido la labor de las mujeres en este ámbito, y por tanto se requiere que al Secretarái de Impulso Agropecuario (SIA) fomente el desarollo económico inclusivo y sostenible a partir de la inclusión de las camapesinas desde los procesos de planeación.

    "Dentro de las unidades de producción familiar, las labores domésticas y productivas se entrelazan y, en muchos casos, ninguna de ellas es remunerada. Esta situación evidencia una forma de organización económica distinta a la lógica del mercado, en la que el trabajo de las mujeres rurales resulta indispensable para la reproducción y productiva del campo, aunque continúe siendo insuficientemente reconocido", expuso.

    Por otra parte, la diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips planteó adecuar el Código Civil para asegurar el pago pensiones alimentarias que garanticen el bienestar de las familias; por lo que implica tasarlas conforme a la capacidad económica del deudor alimentario y mediciones para conocer si los recursos aportados son suficientes para garantizar un adecuado nivel de vida, así como condiciones de salud física y educativas de los menores.

    Con ello, se busca que no solo sea considerado el salario del deudor alimentario, toda vez que suelen modificarlo a la baja a fin de incumplir con su obligación; sino que tendrán que admitirse pruebas relacionadas con otros ingresos que no estén debidamente comprobados o declarados.

    "En la realidad social y jurídica, es frecuente que las pensiones alimenticias se fijen con base en los ingresos declarados que no reflejan la verdadera capacidad económica del deudor alimentario, o bien, bajo criterios que no cosnideran el contexto sicial, familiar y el nivel de vida al que se encontraban habituadas las personas beneficiarias, generando con ello resoluciones insuficientes que afectan directamente su desarrollo integral", observó al congresista.