Abuso sexual será perseguido de oficio; Congreso incrementa penas y agravantes

•  La propuesta de la diputada Lorena Ruiz detalla cuándo se considera que hay o no consentimiento de la víctima

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 16 de abril de 2026

El Congreso de Tlaxcala avaló que el delito de abuso sexual sea perseguido de oficio e incrementar las penas cuando la víctima sea menor de edad; así como establecer agravantes en el caso de que exista violencia física o psicológica, que la agresión involucre a dos personas o más, por mencionar algunas.

    Con el dictamen por unanimidad de los legisladores presentes en la sesión, se reforzaron las penas por accciones de naturaleza sexual no consentidas como tocamientos, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas, así como el obligar a la víctima a exhibir su cuerpo.

    Además, se precisó que "no hay consentimiento cuando la voluntad de la víctima haya sido anulada o viciada por intimidación, engaño, violencia, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulneracibilidad. El consentimiento no podrá presumirse del silencio, la pasividad o por la falta de resistencia física de la víctima". 

    Sumado a la pena de 3 a 5 años de prisión, las personas agresoras deberán asistir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres; además de prestar servicio social a favor del Estado o instituciones de beneficencia pública a fin de promover la no repetición y garantizar la reparación del daño.

    Mientras que cuando la víctima del abuso sea una persona menor de 12 años o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, la pena pasó de estar entre los 4 y 6 años, a entre 5 y 10 años de prisión.

    El delito de abuso sexual será perseguido de oficio por las autoridades y las penas incrementarán cuando de por medio haya violencia física o osicológica, sea cometida por dos personas o más, ocurra en lugares depoblados; cuando existiera una relación de confianza entre la víctima o el agresor; cuando lo cometan servidores públicos, profesionistas que se aprovechen de su empleo, ministros de cultos religiosos.

    También cuando la víctima estuviera bajo los influjos del alcohol, fármacos, narcóticos; esté en embarazo o puerperio; cuando se cometa contra personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género; así como contra personas en situación de vulnerabilidad.

    El dictamen fue presentado por la diputada Lorena Ruiz García, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas, quien expuso que el abuso sexual es una de las formas más graves de violencia contra las mujeres porque más allá de que se pretenda o no llegar a la cópula, vulnera su integridad, dignidad, libertad y autonomía corporal.

    En consecuencia, este delito deja importantes secuelas "en el ámbito psicológico, genera miedo, ansiedad, estrés postraumático, culpa, temor constante, disociación y afectaciones graves al bienestar emocional. [...] En el ámbito social, el abuso sexual funciona como un mecanismo de control que refuerza las desigualdades de género"