El Congreso del Estado avaló la reforma enviada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros
Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 26 de febrero de 2026
El Congreso del Estado avaló una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que armoniza la legislación federal que eliminó los organismos autónomos encargados de velar por el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales para que esta responsabilidad pase a los entes públicos que no solo tendrán que cumplir sus obligaciones de transparencia, sino de determinar si cumplen o no con la norma.
La reforma, avalada con el único voto en contra de la diputada perredista Laura Yamili Flores Lozano, contempla la creación de un Subsistema Estatal de Transparencia que se integrará al sistema nacional y que se encargará de participar y supervisar la aplicación de la política nacional, presentar un informe anual, coordinar con sus integrantes y opinar sobre los asuntos que someta a su consideración el Consejo del Sistema Nacional.
Dicho subsistema funcionará a través de un Comité Estatal que estará integrado por los órganos encargados de la contraloría del Poder Ejecutivo (que lo presidirá), Poder Legislativo y Poder Judicial, así como de cada uno de los órganos constitucionales autónomos y de tres municipios que sea electos por inaculación en la Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendatios para integrar el Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria.
El comité contará con una secretaría ejecutiva a cargo del titular de Transparencia para el Pueblo, quien tendrá voz, pero no voto y será designado por el gobernador o gobernadora en turno. Éste, cabe recordar, es un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Bien Gobierno que conocerá no solo de los asuntos del Ejecutivo, sino también de los municipios.
Respecto a esta reforma, Laura Flores indicó que complementa aquélla de diciembre de 2024 que eliminó la autonomía en el régimen de transparencia al eliminar a órganos como el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP) y que por tanto atenta contra el derecho de acceso a la información pública.
Señaló que más allá de los procedimientos, principios y régimen establecido en la ley, el problema es la falta de certeza y confianza en quienes serán respoonsables de garantizar los derechos a la información y a la privacidad; ya que convierte en juez y parte a las instituciones.
La legisladora perredista recalcó que el objetivo de negar la mayor información posible se escondió detrás de un discurso sobre economizar el sistema, reducir la burocracia y eliminar la duplicidad de funciones; pues estas modificaciones únicamente fomentan la opacidad y discrecionalidad en el manejo de información que hasta junio de 2025 estaba regulada por un órgano autónomo que obligaba a los entes públicos a cumplir con sus obligaciones.
Finalmente, cuestionó la integración del Comité Estatal de Transparencia y especialmente que esté encabezado por el Poder Ejecutivo, ya que son los mismos sujetos obligados los encargados de regularse y porque la política en materia de transparencia quedará subordinada al gobierno del estado; por lo que se trastoca la objetividad e imparcialidad.
Por otra parte, la diputada Sandra Guadalupe Aguilar Vega planteó reformas al Reglamento Interior del Congreso del Estado con el propósito de fomentar el uso de medios electrónicos para la comunicación interna de los legisladores, así como para las convocatorias a sesiones.
La tarde de este jueves, el pleno avaló con premura la minuta de reforma federal para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales de forma gradual y hasta 2030; documento que apenas minutos antes dio por recibido desde el Congreso de la Unión.
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