La defensora de derechos humanos recalcó que el acceso al agua potable es base para garantizar otros derechos humanos
Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 20 de enero de 2026
La mujeres son clave en las políticas para la gestión de recursos como el agua y para el desarrollo, aseveró Raquel Caballero de Guevara, procuradora adjunta para los derechos de la mujer y la familia en El Salvador, durante su ponencia "Mujer y el derecho al agua" que impartió en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) este martes.
La defensora de derechos humanos enfatizó que la desigualdad por acceso al agua potable afecta de manera diferenciada a mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes se encargan de suministrarla o trasladarla a los hogares donde no hay red de abastecimiento; además de que esta carencia tiene impacto en otros derechos humanos como la salud, la paz, el desarrollo, a un ambiente saludable y al acceso igualitario a la educación y a la participación política.
"Cuando hablamos del derecho al agua y hablamos de las mujeres es importante, porque ustedes saben que a nivel local y a nivel nacional son las mujeres las que llevamos realmente la situación no solamente del suministro del recurso hídrico, sino también el uso y el tema del saneamiento. Entonces, el agua es un bien especial, un bien social que se relaciona invariablemente con la dignidad, con la vida y la salud humana", enfatizó.
Blanca Caballero indicó que el derecho de acceso al agua con abastecimiento continuo, suficiente, accesible y de buena calidad, está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; pero también ha sido incorporado a convenciones y declaraciones posterior a este documento origen. De modo que en los últimos 30 años ya se ha incorporado a la agenda feminista.
Caballero de Guvera, agregó que menos de 10 países controlan el acceso al agua dulce en todo el mundo; razón por la que su disponibilidad puede seruna creciento fuente de conflictos sociales, pese a que está reconocida como un derecho fundamental para la población. Ello obliga a generar planes de acción, establecer objetivos y plazos para hacer realidad este derecho, sin privatización y fincados en la responsabilidad social individual.
En uso de la voz, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la CEDH, afirmó que como organismo defensor deben reconocer los diferentes aspectos que inciden en las personas dervados de su contexto específico y procurar que los derechos humanos se materialicen a partir de necesidades reales.
"El derecho del agua no solo se trata de infraestructura o de servicios, sino se trata de justicia social, se trata de igualdad sustantiva y se trata de derechos humanos en su expresión más básica y más humana. Reflexionar sobre el derecho humano al agua es hablar de vida, es hablar de cuidado, hablar de tiempo, hablar de esfuerzo cotidiano y muchas veces de cargas invisibles que históricamente han recaído sobre las mujeres", señaló.
Finalmente, la diputada Lorena Ruiz García, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas, aseveró que hablar de la desigualdad en el acceso al agua es abordar un problema con rostro femenino y analizarlo desde una perspectiva que históricamente ha sido invisibilizada es avanzar hacia la igualdad sustantiva en un contexto en el que cada vez se vuelve más riesgosa debido a su creciente escasez.
"Para millones de mujeres en el mundo, la falta de acceso al agua potable implica jornadas extenuantes de trabajo no remunerado, riesgos para su salud, limitaciones para su educación y obstáculos para el ejercicio pleno de otros derechos humanos. La desigualdad en el acceso al agua tiene un rostro claramente femenino. Son las mujeres quienes en muchos contextos cargan con la responsabilidad de conseguirla, riesgos al administrarla y racionarla", puntualizó.
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