La discriminación laboral por embarazo es un problema vigente que vulnera múltilples derechos

La mayor parte de los casos ocurren en el sector privado

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 21 de enero de 2026

La discriminación laboral contra mujeres embarazadas o en proceso de lactancia continúa a pesar de los avances normativos y constitucionales; con 9 de cada 10 casos registrados en el sector privado. Esto muestra que se trata de un problema estructural y por tanto una forma de violencia que se debe erradicar, coincieron panelistas del “Diálogo sobre discriminación laboral por embarazo: experiencias y retos en el estado de Tlaxcala” convocado por Mujeres en Consenso y Early Institute.

    El evento se desarrolló en el Salón Rojo del Palacio Legislativo, donde Valeria González Ruiz, coordinadora de Vinculación de Incidencia de Políticas Públicas de Early Institute, afirmó que la discriminación laboral durante la gestación es una discriminación a la maternidad en sí misma que aún no es bien vista más allá del espacio privado.

    Agregó que esta incomodidad que genera la maternidad atraviesa a todas las personas y para que exista son necesarios tres elementos: una conducta, una causa y una consecuencia. En este sentido, indicó que un ejemplo común es el despido de una mujer embarazada, pero a la par de acumulan malos tratos, reducción del sueldo, pérdida de prestaciones o limitaciones para el reguimiento médico.

    

    En este sentido, puntualizó que esta discriminación viene de la concepción errónea de que el trabajador ideal debe estar disponible las 24 horas, los siete días de la semana; molde en el que no encajan la mayoría de las mujeres.

    "Evidentemente la mujer no reúne ese perfil porque tiene que llegar a la segunda o tercera jornada, es decir, a lavar platos en casa y a cuidar no solamente a los hijos, sino a veces a personas adultas mayores o con discapacidad que tienen a su cargo”.

    En consecuencia, la discriminación laboral por embarazo no solo vulnera los derechos laborales, también hay pérdida al derecho a la salud, al acceso a la seguridad social y además se vulneran otros derechos.

    Valeria González detalló que según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de 2021, las conductas más frecuentes de discriminación son pedir la prueba de embarazo, despido por embarazo y no renovación de contrato por honorarios, de ahí la importancia de incluir este último punto en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que la autoridad tenga la obligación de repararla como una víctima de género.

    Mientras que para Tlaxcala, este mismo estudio del INEGI muestra que 23.3 por ciento de las mujeres ha sufrido alguna forma de discriminación en razón de género y ahí se incluye la maternidad y el embarazo. Además, de las víctimas que se presentan ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 88 por ciento son casos que estuvieron en el sector privado y 12 por ciento en el sector público, puntualizó.

    Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer subrayó que la discriminación por embarazo no es algo del pasado; sino que “sigue aquí, sigue afectando a mujeres trabajadoras, y es una forma de violencia que debemos erradicar”.

    No obstante, explicó sus expresiones no suelen ser evidentes, pero se manifiestan en la negación de contratos, la exclusión de promociones, la presión para renunciar, o el requisito indebido de presentar pruebas de embarazo para ser contratadas o conservar su empleo. “Esto está prohibido por ley, pero sigue ocurriendo en la práctica”.

    También se refirió al informe del Early Institute de que casi nueve de cada 10 casos de discriminación laboral por embarazo en México ocurren en el sector privado, “lo que indica que este problema no es marginal ni aislado, sino persistente y estructural”. 

    De igual forma expuso estadísticas oficiales que muestran que más del 20 por ciento de las mujeres en México ha reportado haber sufrido algún tipo de discriminación laboral, y el embarazo se identifica como una de las principales causas de exclusión en el mercado de trabajo. 

    “Y esto no es una realidad lejana; esto ocurre también en Tlaxcala. Existen prácticas discriminatorias como exigir certificados de no embarazo y garantizar la permanencia en el empleo demuestran que estas experiencias no son anecdóticas: hay mujeres tlaxcaltecas que han vivido esta violencia laboral, aunque muchas veces sus historias no lleguen a los medios”.

    Ordóñez Brasdefer pidió imaginar por un momento lo que esto significa en la vida de una mujer: sentir la emoción de un embarazo y, al mismo tiempo, vivir con miedo de decirlo en su trabajo; ocultar su estado de gestación para no perder oportunidades laborales; o trabajar el doble para demostrar que puede con todo, mientras su dignidad se ve atacada por prejuicios y estigmas.

    En consecuencia, demandó no normalizar que ser madre sea una razón para perder un empleo o una oportunidad profesional. “La maternidad no es una desventaja, es un derecho humano […] Desde este espacio público tenemos la responsabilidad de visibilizar esta problemática, de narrarla sin miedo, y de empujar acciones legislativas y políticas públicas que la erradiquen, porque mientras exista una sola mujer que tema perder su trabajo por estar embarazada, nuestra sociedad seguirá siendo desigual e injusta".

    Las diputadas Lorena Ruiz García y Maribel León Cruz en que la discriminación laboral por embarazo es una deuda estructural con los derechos humanos de las mujeres, de manera que el Congreso tiene la capacidad de incidir estructuralmente fortaleciendo marcos normativos, impulsando políticas públicas con enfoque de género y garantizando que la maternidad no sea motivo de exclusión.

    Lorena Ruiz apuntó que esta responsabilidad no recae únicamente en el Poder Legislativo, ya que requiere un diálogo permanente con la sociedad civil, con el sector empleador y con la ciudadanía en general, porque defender la maternidad en el ámbito laboral es defender los derechos humanos, fortalecer la democracia y asumir, como Estado y como sociedad, la responsabilidad de no dejar a ninguna mujer atrás.

    A este acto también asistió el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón y el director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), Juan Javier Potrero Tizamitl.