Con protocolo homologado, fiscalías deberán investigar particularidades en delitos contra población LGBTTTIQ+

Antonio Escobar explicó que la decisión de la FGR es histórica porque evitará que se dé "carpetazo" a los crímenes de odio

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 24 de septiembre de 2025

La publicación del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra Personas LGBTTI+ obligará a las instituciones a considerar factores específicos sobre este grupo poblacional y permitirá avanzar hacia la formulación de un protocolo aplicado a nivel estatal, afirmó Antonio Escobar Muñoz, representante de la Red Gay Latino en Tlaxcala.

    El documento fue publicado el pasado 9 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, luego de que Red Gay Latino insistiera en que se retomara su aplicación, pues a raíz de las conmemoraciones por el orgullo LGBTTTIQ+ en todo el país identificaron un incremento en los crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual, indicó el activista, quien recordó que ya desde 2014 la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con este documento que fue actualizado en 2017.

    "Lo primero es retomarlo y analizarlo; dos, el ver un mecanismo para que todas las fiscalías a nivel nacional lo retomaran y tres la posibilidad de crear mesas de trabajo para actualizarlo. Entonces, parece que ya tuvo algunas observaciones porque en el proceso descubrimos que éramos la única organización trabajando en la promoción de este protocolo o de acciones que se pudieran retomar ante la alza de crímenes de odio", explicó en entrevista.

    Explicó que en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que tuvo lugar el psado mes de julio acordaron retomar el Protocolo, lo que obligará a las fiscalías locales trabajar en torno a su propia normatividad y sobre todo que el personal que labora en las instancias encargadas de la investigación del delito reciban capacitación para atender los casos con perspectiva de diversidad, interculturalidad e interseccionalidad.

    "Lo que queremos es evitar que se les dé carpetazo  a estos crímenes y se diga que fue por un crimen pasional, que eso ha sido como un discurso ha traído mucho tiempo y que creo que a la sociedad civil nos indignó más cuando fue la muerte del magistrade Ociel (Baena). Entonces, yo creo que las organizaciones de la sociedad civil no hemos dejado de trabajar, de promover, de impulsar y de exigir y a nosotros nos da gusto que hoy la fiscalía tenga esta disposición", agregó.

    Antonio Escobar subrayó la importancia de que las investigaciones en homicidios de personas de la diversidad sexual también deben considerar a quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos, así como la persecución política e incluso de particulares que reciben; así como identificar las particularidades de cada uno de los crímenes.

    "Al no existir una perspectiva de diversidad, al no existir elementos que obliguen a las fiscalías a investigar, se dan carpetazos y a quienes llegamos a denunciar se nos veta, ni siquiera se abre una investigación. Hace como 10 años, hubo una persona trans asesinada en su departamento de Tlapancalco [...] y cuando nosotros queríamos alzar la voz, la familia nos buscó y no dijo que no querían que se supiera que su hijo se vestía de mujer", recordó el activista.

    En este sentido, subrayó que la discriminación y violencia al interior de las familias es un tema vigente que afecta la autopercepción y autoconcepto de quienes se identifican como parte de la diversidad sexual; por ello es que buscan que desde las instituciones haya objetividad al investigar los casos que les involucran, así como las agresiones a las que están expuestos.

    "Hoy que haya algo que nos garantice que al menos se va reconocer nuestra orientación, identidad, expresión de género o características sexuales al momento de levantar una una denuncia a nivel federal es un aliciente, porque sí creo que ahí habemos activistas que tenemos un tema muy fuerte a nivel nacional", indicó.

    Escobar Muñoz explicó que con este documento ya pueden acercarse a la Secretaría de Gobernación y a las secretarías de gobierno estatales, así como a las fiscalías locales para buscar que el Protocolo se adapte al contexto local y a las características de la persecusión de delitos del fuero común; lo que en Tlaxcala pretenden realizar de la mano de la diputada Gabriela Hernández Islas, presidenta de la Comisión de derechos humanos, grupos vulnerables y derechos de niñas, niños y adolescentes en el Congreso local.

    "Yo sigo viendo en redes sociales que parece que queremos privilegios. No, son derechos que queremos todas las personas de la diversidad como cualquier otra. Ni siquiera tendríamos que estar exigiendo un protocolo ni siquiera tendríamos que estar exigiendo cosas particulares para nosotros si se garantizara nuestros derechos. Entonces, no estamos pidiendo cosas o tratos especiales",  puntualizó.