INFONAVIT pretende "institucionalizar la ilegalidad" al regularizar viviendas ocupadas: IP

Organizaciones empresariales señalaron que la propuesta atenta contra los intereses de los trabajadores y la certeza jurídica en el país

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 22 de junio de 2025

La pretensión del gobierno federal para dar la oportunidad de arrendamiento con opción a compra a quienes han ocupado viviendas que no son suyas es una forma de regularizar la ilegalidad, señalaron organismos privados mediante un comunicado, luego de que el pasado 16 de junio, Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), hablara sobre esta posibilidad ante medios de comunicación.

    "Esta medida contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo", señalaron la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB),  la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX), Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A. C. (COMCE), y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

 

    En este sentido, enfatizaron que el INFONAVIT tiene como propósito proteger el patrimonio de los trabajadores y no beneficiar a quienes ocupan de manera irregular inmuebles, ya que no tienen vínculos con el Instituto o con los legítimos propietarios; por lo que pretender que los adquieran a un precio inferior al mercado es un precedente grave.

    "De las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843 mil —con una inversión de 700 millones de pesos—, 86 por ciento de éstas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios", precisaron.

    De acuerdo con lo expuesto por el Romero Oropeza la semana pasada, junto a la Secretaría de Bienestar identificaron 843 mil viviendas con problemáticas; de ellas, han visitado 163 mil, de las cuales 145 mil están habitadas y 23 mil deshabitadas o vandalizadas.

    "Lo que queremos hacer, por instrucciones de la presidenta, es buscar regularicar a estas personas que, evidentemente no son derechohabientes, pero que sí podrían recibir un arrendamiento con opción a compra para que se queden con las viviendas", explicó el director del INFONAVIT.

    No obstante, el miércoles siguiente, la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que la propiedad privada es un derecho resguardado en la Constitución y cualquier opción que se pretenda realizar deberá ser en el marco de la ley, sin afectar a los trabajadores que por diversas razones decidieron no ocupar una vivienda e incluso a aquéllos que aún tienen deudas con el INFONAVIT; aunque sí buscan que esos inmuebles sean ocupados.

    Al respecto, las organizaciones de la Iniciativa Privada reconocieron estas afirmaciones de la mandataria, pero enfatizaron que deben traducirse en acciones concretas para garantizar la certeza jurídica y no pretendan "institucionalizar la ocupación irregular de viviendas"

    

    "Desde 2015, el Infonavit enfrenta una crisis de gestión: el índice de morosidad se disparó del 7.8 por ciento en 2018 a más del 18 por ciento en 2024, y si consideramos los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32 por ciento. Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados presenta incumplimientos de pago. En lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto", señaló la IP.

    Finalmente, rechazaron cualquier iniciativa que "premie" la ocupación ilegal de viviendas y exigieron que las autoridades no legalicen estas ocupaciones que atentan contra los intereses de los trabajadores y merman la certeza jurídica, ya que no cuenta con atribuciones legales para otorgar créditos a quienes no son derechohabientes.