Reforzar sanciones a quienes propicien impunidad, proponen candidaturas a Sala Penal del TSJE

Este jueves tendrá lugar el último foro de debate organizado por el ITE; participarán candidaturas a la Sala Civil Familiar

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 14 de mayo de 2025

Reformar el marco normativo y capacitar al personal judicial para resolver delitos en los que interviene la inteligencia artificial, así como reforzar las sanciones a quienes incurran en actos u omisiones que deriven en impunidad fueron algunas de las propuestas vertidas por candidatos y candidata a una magistratura de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes en el Tribunal Superior de Justicia.

    En el segundo foro de debate organizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), la moderadora Karla Isabel Olvera Moreno -consejera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro- seleccionó de la urna los temas eje de la conversación: judicial en la era de la inteligencia artificial e impunidad.

    Respecto a cómo atender delitos donde esté involucrada la inteligencia artificial, Juan Fernando Espino Rubio, se pronunció por trabajar junto al Poder Legislativo para actualizar el Código Penal de Tlaxcala conforme la realidad de las nuevas tecnologías; pero -por otro lado- también potenciar su uso para hacer más eficientes las funciones del Poder Judicial como obtener versiones de sentencias en lenguaje accesible.

    Con relación a la impunidad, lamentó que ésta genere desconfianza en la población que termina por recurrir a prácticas como el linchamiento o deciden no denunciar; por lo que para cambiar este escenario planteó reforzar el diálogo con los otros poderes, promover la capacitación y aplicar la ley para exigir que  el personal judicial cumpla con sus funciones.

    Mientras que Ricardo Rodolfo Trejo Ortiz propuso armonizar el marco jurídico del Poder Judicial para resolver delitos donde haya uso de inteligencia artificial y fortalecer la capacitación del personal en materia de tecnología a fin de crear un área especializada que ayude a la resolución de este tipo de casos; además de utilizarla como un herramienta que permita eficientar procesos y obtener indicadores que lleven a la toma de decisiones.

    

    En cuanto a la impunidad, afirmó que se requiere castigar a funcionarios desde policías, ministerios públicos y personal del Poder Judicial que no actúe de forma eficiente, ni atienda con calidad y humanidad los casos que les corresponde resolver, ni motive adecuadamente sus decisiones. Por esta razón, indicó que se necesitan mesas de trabajo con los otros poderes y escuchar a los justiciables para encontrar las fallas en las instituciones encargadas de la justicia.

    Yuridia Jamilette Contreras Hernández puntualizó que desde la Sala Penal analizará el trabajo de los juzgadores cuando resuelvan casos donde intervenga el uso de tecnologías, lo que implica capacitar al personal que interviene a lo largo del proceso judicial y actuar de manera colegiada para determinar los elementos que garanticen la administración de justicia.

    Asimismo, refirió que la creación del Tribunal de Disciplina Judicial será clave para combatir casos de corrupción, nepotismo y malas prácticas que conducen a la impunidad mediante la revisión del actuar de quienes imparten justicia. No obstante, consideró que es necesario que el Poder Judicial colabore con las otras instituciones en materia de capacitación y especialización en administración de justicia.

    Finalmente, Pedro Sánchez Ortega explicó que la mejor forma de resolver sobre delitos donde intervenga la inteligencia artificial es ser cuidadosos en la aplicación de la ley y guiarse conforme el Código Nacional de Procedimientos Penales;  pero también utilizar dichas herramientas para facilitar las comunicación y participación activa de las personas que intervienen en cada caso.

    A fin de abatir la impunidad, consideró necesario que se repongan todos los procedimientos en los que se presuman conductas violatorias a los derechos humanos, coordinar con otras instancias públicas para sancionar las faltas administrativas, pero también para corregir dichas prácticas; y fortalecer las consecuencias para los servidores públicos que incurran en faltas o delitos.