De 28 feminicidios cometidos entre 2021 y 2023, hay 25 hijas e hijos en orfandad
Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 20 de abril de 2025
El gobierno de Tlaxcala publicó el "Programa de apoyo integral para niñas, niños y adolescentes, para sus familias y las víctimas indirectas de feminicidio 2025-2027" que prevé brindar atención integral para garantizar los derechos al menos 64 víctimas indirectas identificadas entre 2021 y 2023, la mayoría de ellas niñas y niños.
El documento publicado en el Periódico Oficial y firmado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros el pasado 3 de abril indica que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos (CEAVO) hizo un proceso de sistematización para identificar cuántas víctimas indirectas resultaron de los 28 feminicidios cometidos en la entidad entre 2021 y 2023 a fin de asegurar una reparación del daño que vaya más allá de la variable económica.
De igual forma se precisó que si bien estados como Jalisco, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México y Oaxaca han realizado esfuerzos para atender a las víctimas indirectas de feminicidio, en este caso se pretende conformar un programa que involucra a 13 entes públicos a fin de reparar el daño y restituir los derechos de estas personas.
La información recopilada para el programa muestra que entre 2021 y 2023 se registraron 28 feminicidios con víctimas que en promedio tenían 33 años, con edades de los 14 a los 78 años. Estos delitos fueron cometidos en 22 municipios: Contla y San Pablo del Monte concentraron el mayor número con tres cada uno; Apizaco, Tetla de la Solidaridad y Calpulalpan reportaron dos cada uno; mientras que en los siguientes hubo reporte de un caso: Huamantla, Nativitas, Panotla, Papalotla, Xaloztoc, Totolac, Axocomanitla, Teolocholco, Santa Cruz Tlaxcala, Tepetitla, Tetlanohcan, Tlaxcala, Tlazco, Zacatelco, y Zitlaltépec.
En cuanto a la reparación del daño dictada en las sentencias del Distrito Judicial de Guiridi y Alcocer, en una se determinó por 422 mil 450 pesos, mientras que en las tres restantes no se especifica. En el Distrito de Sánchez Piedras, la única sentencia prevé una reparación integral por 448 mil 100 pesos.
Por lo que respecta a las víctimas indirectas, la Fiscalía General de Justicia del Estado identificó a 64 -20 hombres, 33 mujeres y 11 en los que no se obtuvieron datos- con un promedio de 24 años: ocho menores en la primera infancia, 14 más en edad escolar, 10 en adolescencia, tres jóvenes, 19 en edad adulta y cuatro adultos mayores. Asimismo, se precisó que en tres de los casos, las víctimas indirectas cursaban el preescolar; en 15 la primaria; en 10, la secundaria; en dos, la preparatoria y en 24 todos no se cuenta con datos.
Respecto al parentesco, en 14 casos las víctimas indirectas de feminicidio fueron hijas, en 11 hijos, en siete, la madre de la mujer asesinada; en cinco casos más la víctima indirecta fue el padre y en igual número la hermana; mientras que en un caso se identificó al esposo y en otra al hermo. En 14 más no fueron identificadas con el parentesco.
En cuanto a la información que aportó el Tribunal Superior de Justicia del Estado sobre los asuntos por feminicidio en trámite o por lo que hay una sentencia condenatoria, el Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito de Guridi y Alcocer reportó 14 en trámite y cuatro sentencias condenatorias (tres mediante juicio oral y una por procedimiento abreviado); mientras que el Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes tiene 15 asuntos en trámite y ha emitido una sentencia condenatoria.
Mientras que el Modelo de Atención a Víctimas que propone el Ejecutivo prevé tres momentos de intervención: medidas de atención consistentes en asesoría jurídica y psicosocial; ayuda inmediata que comprenden atención médica y psicológica de emergencia, alojamiento, alimentación, aseo personal, gastos funerarios, medidas de protección, transporte de emergencia; las medidas de asistencia prevén intervenciones en materia de educación, salud, procuración y administración de justcia, medidas económicas y de desarrollo; y las medidas de reparación integral contemplan acciones para la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción, y garantías de no repetición.
A través de éstos, el gobierno estatal prevé garantizar y proteger los derechos a la salud, educación, al trabajo, a una alimentación nutritiva y de calidad, a una vivienda digna y decorosa, a la justicia y a la verdad mediante el seguimiento y vigilancia de acceso a acciones específicas de acuerdo con el rango de edad y necesidades de las víctimas indirectas de feminicidio.
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