Zurya Escamilla Diaz (Tlaxcala, 29 de abril de 2024) Sin consulta previa, el Congreso de Tlaxcala llevó a cabo la reforma a la Ley de Personas con Discapacidad para eliminar el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD) con el argumento de que la Secretaría de Bienestar asumió sus funciones en 2022. No obstante, activistas e integrantes de este sector señalaron que la atención y servicios han bajado su impacto, además de que la reforma sin contemplar su opinión es contraria a lo establecido en la fracción 3, artículo 4 de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad (ONU, 2008).
En entrevista, María Elena Teloxa Díaz, integrante del colectivo DEMEJ, A.C., y parte de la población con discapacidad auditiva, recordó que Tlaxcala fue pionero en 2001 con la creación de esta institución que más tarde se replicó en diversos estados del país, inclusive siete años antes de la Convención de la ONU; por lo que lamentó el cambio que en estos dos años se ha traducido en una política asistencialista por parte del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.
“Ha habido una baja en cuanto a la asistencia que se prestaba ahí. Por ejemplo, en (la entrega de) aparatos funcionales, el hecho de las terapias psicológicas. Cambió mucho la cuestión interna y pues sí, había una incertidumbre. Sí ha dejado de funcionar en algunas áreas o en algunos aspectos, aunque quizás se le ha dado mucha nota en el aspecto de que la Secretaría está otorgando aparatos funcionales y demás, pero en sí algunos beneficiarios que de alguna manera conocimos el trabajo del Instituto sí hemos notado el cambio en los servicios que presta”, comentó la activista.
Cabe precisar que la Ley reformada el pasado 18 de abril con 17 votos a favor y tres en contra, contempla no sólo obligaciones institucionales en salud y rehabilitación, sino en empleo, educación, vivienda; participación cultural, social, política y deportiva. En este sentido, Teloxa Díaz refirió que uno de los principales cambios a partir de que el ITPCD dejó de funcionar en enero de 2022 son las acciones de vinculación laboral y para el desarrollo de capacidades laborales.
Sin embargo, poco más de dos años se han enfrentado a convocatorias del Sistema Nacional de Empleo (SNE) dirigidas a este grupo prioritario que se emiten una hora antes de que tengan lugar, sin considerar las dificultades para su traslado, o que incluyen vacantes poco adecuadas para que puedan realmente ser empleados.
Si bien en noviembre de 2023, culminó la construcción del Centro de Capacitación del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (CECAPDIF) con una inversión de 59 millones 685 mil 531 pesos; la activista considera que este cambio debió someterse a consulta de este sector como lo prevé la Convención de 2008 de la ONU para que realmente incorpore las necesidades de las personas con discapacidad.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) -hasta 2020- en Tlaxcala había 54 mil 323 personas con discapacidad; de las cuales 47.7 por ciento son hombres y 52.3 por ciento son mujeres.
“Yo creo que el gobierno estatal tendría que acercarse y nosotros lo hemos solicitado, ya tenemos más de un año y medio solicitando una audiencia con la gobernadora porque los programas que ella está emprendiendo, aunque podríamos decir que son buenos, hay algo que no está bien porque están decidiendo por las personas con discapacidad”, enfatizó Elena Teloxa.
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