Crisis ambiental en el Atoyac ha ocasionado una muerte cada 2.5 horas: CFJG

• Organizaciones de la sociedad civil reiteraron su rechazo a proyectos del gobierno que promueven la industrialización y con ello afectan tanto a las comunidades como al medio ambiente

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 25 de agosto de 2026

La crisis ambiental en el Atoyac-Zahuapan ha ocasionado 2.5 muertes cada hora entre 2017 y 2019, refirió el Centro Fray Julián Garcés en un comunicado, al hace referencia a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) analizados desde la academia, y reiteró el llamado a las autoridades estatales y federales para detener la simulación en su saneamiento, así como a frenar obras de impacto tanto ambiental como social, tales como el Polo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) en Atlangatepec y el "Proyecto Integral de Salud Chiautempan" en la comunidad de Guadalupe Ixcotla.

    Mediante un comunicado, la organización reveló que datos del INEGI, "analizados por el Mtro. Samuel Rosado Zaidi, entre 2015 y 2019, fallecieron en la Cuenca 17 mil 589 personas de neoplasia maligna, cáncer de colon, cánceres relacionados con la sangre o neoplasias relacionadas de los órganos genitales femeninos. Si a las anteriores se agregan las defunciones por abortos espontáneos e insuficiencia renal, tenemos  que la frecuencia de estas muertes es de una persona cada 2.5 horas".

    Enfatizaron que derivado del modelo de industrialización impulsado con los tratado de libre comercio en América del Norte, hay 22 mil 235 empresas manufactureras asentadas a lo largo de la cuenca del Atoyac que han sido documentadas por Rosado Zaidi; mientras que el investigador Omar Arellano refiere que éstas vierten 112 contaminantes, pero solo 22 están regulados por la norma; de ahí el impacto socio ambiental que derivó en la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

    En el marco del "Encuentro de luchas contra la devastación y por la justicia socioambiental en la región Puebla-Tlaxcala", presentaron un pliego de 17 peticiones; entre ellas dejar de despilfarrar el erario en simulaciones para el saneamiento de la cuenca, garantizar que las empresas saneen sus aguas residuales hasta eliminar las sustancias tóxicas, activar plantas de tratamiento exclusivas para residuos municipales y con ello evitar la contaminación industrial, además de garantizar que ésta sea devuelta a los cauces y no sea destinada a la agicultura; impulsar programas de participación ciudadana sobre gestión de residuos sólidos-

    También, cancelar el PODECIBI en San Pedro Ecatepec y su similar en San José Chiapa, Puebla; declarar la Laguna de Acuitlapilco como Área Natural Protegida federal en calidad de Santuario con su respectivo programa de manejo y restauración; respetar los campos deportivos donde se pretende ejecutar una obra del IMSS en Chiautempan como lo han pedido las comunidades de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe; la cancelación definitiva de la Ciudad de la Juventud y el Libramiento Calpulalpan en Tlaxcala, así como el Cablebús y el Ecoparque Tlalli Malinche en Puebla.

    "Estos proyectos se imponen desde la falta de transparencia o reserva de la información, la división comunitaria y la manipulación de las asambleas, el control de las autoridades municipales y de comunidad; privilegiando los intereses empresariales, criminalizando la protesta social, impulsando campañas mediáticas de descalificación, encarcelando líderes, acosando a la población, manteniendo presencia policial y reprimiendo".

    Del mismo modo, implementar programas integrales para frenar la tala ilegal, respeto a los núcleos agrarios, detener programas que generan turistificación, incluido el ecoturismo; elaboración transparente y con participación ciudadana de los Programas de Ordenamiento Territorial; deterner la criminalización contra comunidades inconformes con proyectos del gobierno y retirar a los policías de sus territorios; además de sancionar penal y administrativamente la corrupción de quienes han permitido el despojo de espacios públicos; respetar la memoria biocultural de los pueblos.

    "Atender los problemas de la región Puebla - Tlaxcala desde una visión bio-socio-política e histórica, eliminando así las fronteras artificiales que nos han impuesto entre pueblos y los territorios, las cuencas no reconocen estas fronteras: las cuencas son y en las cuencas somos", externaron.

     Cuestionaron que pesar de las afectaciones ambientales y sociales derivadas de la contaminación, los gobiernos promuevan la industrialización como Ciudad Administrativa, y Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento, pues les preocupa que sus aguas residuales sean vestidas en los afluentes de las comunidades; el vertido de aguas industriales en las redes municipales de tratamiento que no cuentan con la infraestructura adecuada; la inadecuada gestión de residuos sólidos en el estado y la pretensión de imponer el PODECIBI.

    "Durante siglos, nuestras comunidades y pueblos han resistido, sembrado y cultivado estas tierras, compartiendo el maíz, el pan de fiesta, el mole y el pulque. Nuestras abuelas y abuelos, y las personas más ancianas que hoy estamos presentes en este encuentro, vimos nuestro territorio con vida. Hoy, con dolor, lo vemos sacrificado y devastado socioambientalmente como consecuencia de un modelo económico que cosifica, mercantiliza y privilegia la ganancia por encima de todas las formas de la vida". 

    De igual forma señalaron que el plan federal para la Cuenca del Alto Atoyac no contempla el control de sustancias tóxicas, que los "Espacios de Cultura del Agua" que pondrá en marcha la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) no visibilizan la responsabilidad industrial y tampoco incentivan una adecuada relación entre las comunidades y los espacios naturales.

    "Señalamos la omisión y la responsabilidad del ejecutivo federal, de los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, y de los gobiernos municipales donde se imponen estos proyectos, así como la omisión y colusión del poder legislativo y judicial. En particular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas".