Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 24 de enero de 2024) El diputado Juan Manuel Cambrón Soria y la diputada Blanca Águila Lima abandonaron la comparecencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en rechazo a la información presentada por su titular, Ernestina Carro Roldán.
En su intervención, el perredista pidió la renuncia de la procuradora y señaló que el Estado ha sido rebasado por la violencia y la delincuencia; agregó que la funcionaria no ha estado a la altura del llamado de la población para acceder a la justicia.
"La ciudadanía está harta de frases trilladas y huecas 'vamos a investigar, daremos con los responsables, llegaremos hasta las últimas consecuencias, abriremos carpetas de investigación' y se abren cientos, miles de carpetas de investigación que nunca son cerradas. [...] La procuraduría tiene tres grandes pendientes adjetivos que le identifican: una enorme incapacidad para dar respuestas, una tremenda incompetencia para responder ante estos casos que llaman tanta la atención sobre todo en los medios de comunicación- y una gran insensibilidad frente a las familias y frente a las víctimas", sostuvo el legislador.
Carro Roldán consideró que esta acción fue una falta de respeto a la ciudadanía y presentó cifras relacionadas con homicidios dolosos; asimismo, sostuvo que los señalamientos de Cambrón Soria corresponden a temas del ámbito federal, generalidades y apreciaciones de tipo personal.
Mientras que Águila Lima cuestionó respecto a las acciones que implementa la PGJE para abatir la trata de personas y sobre el número oficial de feminicidios en contraste con las cifras que presentan organizaciones de la sociedad civil; la procuradora justificó que realizan su trabajo en apego a las disposiciones legales que definen en qué casos se comete feminicidio y que no pueden judicializar temas de trata de personas si no hay una víctima de por medio.
En su exposición, la funcionaria aseguró que el actuar de la PGJE se rige bajo el orden constitucional, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos; además de que han enfocado el trabajo en la capacitación a peritos, ministerios públicos y policías de investigación.
Puntualizó que las cifras que presentaría están sustentadas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pues reconoció que hay otras instituciones que presentan números asociados a la inseguridad que utilizan otro tipo de metodologías.
Con esta advertencia, indicó que en 2023 otorgaron dos mil 466 audiencias a víctimas de diversos delitos y han ampliados los espacios de atención; que Tlaxcala ha mantenido la menor incidencia delictiva del país por 17 meses.
Mientras que el año pasado lograron la vinculación de 447 carpetas por incidencia delictiva del fuero común, judicializaron mil 767 carpetas de investigación, lograron 22 órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto y realizaron mil 267 mediaciones que implicaron dos mil 815 carpetas de investigación y la recuperación de 41.3 millones de pesos en favor de las víctimas.
A pregunta de la diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, la procuradora indicó que han abierto carpetas de investigación por delitos asociados a la corrupción en contra de 69 servidores públicos.
En este sentido, precisó que en lo que va de la administración han logrado abierto 200 carpetas de investigación por feminicidio, de las cuales siete corresponden a administraciones anteriores y fueron reclasificadas, lograron cinco órdenes de aprehensión y sentencias que en conjunto suman 368 años de prisión
Ante la solicitud del diputado Fabricio Mena Rodríguez, detalló que en 2022 registraron 333 carpetas judicializadas por violencia de género: 15 por violencia familiar, 50 por abuso sexual, 44 por violación, siete por acoso sexual, 71 por incumplimiento de obligaciones alimentarias; además de que ejecutaron 19 órdenes de aprehensión por violación, 34 por incumplimiento de obligaciones alimentarias, 16 por lesiones, una por violación tumultuaria, cinco por abuso sexual y cuatro por violencia familiar.
Mientras que por homicidio doloso, abrieron 17 carpetas de investigación, judicializaron 21, obtuvieron 46 órdenes de aprehensión y 428 órdenes de presentación; además de conseguir 288 años de pena en sentencias por este delito.
En relación a la trata de personas, Ernestina Carro fue enfática en que no han tenido denuncias en lo que va de la administración, pero han logrado la judicialización de ocho carpetas de investigación correspondientes a los años 2018, 2020 y 2021; y han obtenido sentencias condenatorias por 161 años y tres meses de prisión, a lo que se suman siete órdenes de aprehensión ejecutadas y nueve personas vinculadas a proceso.
Empoderamos ciudadanía a través de la información.
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