Poner fin a la industrialización desregulada, urgente para atender problemática en el Alto Atoyac

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Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 4 de octubre de 2023) Implementar un programa integral de salud a la población que vive sobre la ribera del Atoyac requiere que el gobierno reconozca la vinculación con la contaminación de la cuenca, construya una alternativa a la industrialización, dote presupuesto suficiente y de una contraloría social que acompañe el proceso, indicaron las organizaciones Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., Coordinadora por un Atoyac con Vida y Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala.

En un comunicado, destacaron que el informe estratégico para la comprensión de la problemática socioambiental de la región -presentado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT)- reconoce que los tóxicos vertidos al río provocan daños a la salud de niñas, niños y jóvenes, quienes han desarrollado enfermedad renal, leucemia, enfermedades congénitas y otro tipo de afectaciones a la salud, así como al sistema nervioso.

 

A propósito, destacaron que es la segunda vez desde la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se reconoce desde las instituciones públicas el vinculo entre la contaminación generada por la industria y la salud. En este sentido, señalaron que estos trabajos son resultado de varias décadas de demandas de la sociedad civil y las aportaciones de expertos para dar solución al problema.

Respecto al Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud que tendrá a su cargo la Secretaría de Salud Federal, las organizaciones de la sociedad civil consideraron que puede ser un paso importante para atender la problemática, siempre que no se pierda esta perspectiva, ya que no lo ha querido reconoce así el gobierno estatal.

"Además, se requiere que se destinen los recursos suficientes para atender el enorme déficit de infraestructura existente en el estado para la prevención y atención de las enfermedades crónicas no transmisibles como son la insuficiencia renal y la leucemia", puntualizaron.

De igual forma, remarcaron que es importante que este plan se lleve a cabo de la mano de la sociedad civil y la academia, que funjan como contraloría social para que no se pierda de vista que estas acciones se realizan en una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental; además de vigilar una atención de calidad para quienes viven las consecuencias de una industrialización no regulada.

A propósito, pidieron al gobierno estatal erigir una nueva política de industrialización alejada de prácticas neoliberales como la atracción desregulada de la industria y los efectos de emisiones y descargas tóxicas para la salud de la población.

"Le recordamos a la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, que la justicia social y ambiental no es sólo una herramienta retórica para adornar su discurso ni una graciosa concesión, sino una obligación del Estado. Resulta oportunista querer apropiarse de una demanda de la ciudadanía, cuando su deber es abocarse a hacer lo que por obligación le corresponde", concluyeron las organizaciones.