Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 8 de julio de 2023) Mientras el Congreso del Estado aún no ha legislado sobre la interrupción legal del embarazo en Tlaxcala, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en la entidad ha registrado mil 250 solicitudes apoyo y dos casos de muerte derivadas de negligencias en clínicas privadas durante el primer cuatrimestre de 2023.
"Ha sido muy grave, hemos localizado muchos casos que tienen que ver con violencia sexual y que no quieren enmarcarlos en la ley porque está despenalizado, pero llegando al médico dicen que no hubo violencia y hay una doble o triple revictimización y criminalización contra las mujeres, por eso ya no quieren continuar la denuncia o prefieren continuarlo por otra vía", explicó en entrevista Rosario Texis Zúñiga, directora de Ddeser Tlaxcala.
Luego de dar a conocer que podrían interponer un ampara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la omisión de la LXIV Legislatura para despenalizar el aborto, ya que se ha declarado su inconstitucionalidad desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la académica recordó que si bien la violencia sexual está entre las seis causales que el Código Penal de la entidad reconoce para la no criminalización, en el sistema de salud las solicitantes se topan con el que el personal médico les dice que no es violencia o que tratan de engañarlos; por lo que deciden recurrir a otras instancias.
"Se vuelven jueces o juezas de ellas y prefieren no hacerlo, sí vemos una constante vulneración a los derechos de las mujeres. El 40 por ciento de los casos que atendemos son por violencia sexual y los demás son condiciones socioeconómicas muy precarias", explicó.
Además, la directora de Ddeser considera que el estado de Tlaxcala se ha quedado corto en cuanto a la atención y prevención de embarazos adolescentes porque a pesar de que la Alerta por Violencia de Genero contra las Mujeres pide que se tomen acciones en este sentido, el Grupo Estatal de Prevención de Embarazo Adolescente y la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente no han funcionado como lo hacían en administraciones anteriores.
"Pensamos que las adolescentes no tienen derecho a ejercer su libertad sexual o sus derechos reproductivos. Entonces ese es otro pendiente porque el Estado no les ha garantizado contar con anticonceptivos, estrategias de educación sexual integral porque si no se les habla de educación sexual, ¿cómo queremos que no haya embarazos? y ¿cómo queremos que no haya aborto?", cuestionó.
Cabe recordar que en septiembre de 2021, la diputada Lorena Ruiz García -presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas- presentó un proyecto de reforma a fin de legislar sobre la interrupción legal del embarazo; sin embargo, a la fecha el Legislativo ha vuelto a abordar el tema.
Mientras tanto, de enero a abril de este año, Ddeser registró mil 250 acompañamientos a mujeres que lo han solicitado; cifra que anticipa un incremento respecto al total de casos registrados en 2022 y que incluso ha llevado a la organización a sumar personal para aumentar sus capacidades. Además, también han observado una reducción en el rango de edad de las mujeres que lo solicitan, puesto que si antes rondaba los 25 a 30 años, ahora va de 16 a 25 años.
"Estamos estimando que vamos a rebasar los tres mil este año, el año pasado llegamos a dos mil; pero en cuatro meses mil 200, estamos disparadas porque son muchísimos. Tuvimos que contratar a más personal como acompañantes. Eso de una organización, hay otras compañeras que hacen acompañamiento y sus cifras también se han elevado, pero nosotras que somos las que tenemos más presencia en el estado. Tenemos muchos casos, de muchas niñas, adolescentes, mujeres jóvenes en contextos muy precarios", puntualizó Texis Zúñiga.
Pero no solo ello, en el mismo periodo, Ddeser registró dos casos de muerte de mujeres derivados de negligencias. En el primero de ellos, la joven de 17 años acudió a una clínica privada donde pagó 18 mil pesos por el procedimiento que fue mal practicado y más tarde tuvo que ser trasladada al Hospital de la Mujer donde ya no le pudieron salvar la vida.
"Otro caso fue de una mujer con tres hijos que se practicó un aborto en Puebla, no tuvieron las condiciones, pidió a poyo a un hospital de Tlaxcala, pero dijeron que como se lo hicieron allá aquí no la recibían, fue mucho perder el tiempo y murió por negligencia", narró.
Sobre ello, Rosario Texis detalló que la mayor parte de estos procedimientos en el estado se realizan en clínicas que operan fuera de la legalidad; ya que se presentan como de atención a la salud materna, donde no ofrecen expresamente el servicio, pero al preguntar dan los costos del aborto que van de los ocho a los 15 mil pesos. Por ello, enfatiza que sí es una responsabilidad de las autoridades estatales tanto regular, como implementar acciones preventivas y garantizar este derecho a las mujeres.
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