Tribunales electorales locales fortalecen el federalismo y protegen derechos humanos: Maitret Hernández

 

Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 15 de marzo de 2023) Los tribunales electorales locales han mostrado efectividad y eficacia porque aportan soluciones inmediatas, validan los derechos político-electorales de la ciudadanía, mantienen el Estado de Derecho y contribuyen al fortalecimiento del sistema federal, indicó el magistrado Armando Ismael Maitret Hernández, titular del Décimo sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito y secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.

    Durante la conferencia magistral "La importancia de los tribunales electorales" con motivo del séptimo aniversario del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), el funcionario federal se congratuló de que la reforma electoral que pretendía eliminar a los órganos jurisdiccionales en materia electoral no haya prosperado; ya que los argumentos que la impulsaban eran "poco sostenibles" y no se encontraban fincados en elementos objetivos para demostrar la falta de autonomía o sumisión ante los gobiernos locales, así como del "alto costo" de las elecciones.

    Asimismo, rechazó el argumento de que todos los asuntos terminen en manos Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues recordó que 70 por ciento de las decisiones tomadas por los tribunales locales no son impugnadas; mientras que más de 90 por ciento de las que sí son impugnadas en segunda o tercer instancia son confirmadas.

    De modo que los órganos jurisdiccionales electorales en las entidades "son el semillero que nutre las interpretaciones jurídicas que terminan siendo criterios relevantes en la Sala Superior"; hecho que es necesario transmitir para hacer énfasis en su relevancia, efectividad y eficiencia en el sistema democráticos.

    Maitret Hernández precisó que el modelo de justicia electoral en México es uno de los más eficientes, confiables y eficaces; características que no cambiaron con el hecho de que el Senado nombre a sus magistradas y magistrados, aunque consideró que cuando éstos eran propuestas por los poderes judiciales locales y nombrados por el congresos se lograba un mayor equilibrio en las instituciones.

    "No deja de ser paradójico que se critique la falta de autonomía de los tribunales electorales locales y sean las mismas fuerzas políticas que exigen esa autonomía quienes, por otro lado, empujan y a veces presionan para que las decisiones de favorezcan, como si las decisiones se ganaran en el órgano electoral y no en las urnas", recalcó.

    El magistrado indicó que la existencia de los tribunales locales fortalece a la federación y trasladarlos a un solo órgano federal derivaría en un órgano endeble y desaparecería a aquéllos que aportan soluciones inmediatas a problemas locales, que conocen mejor los contextos, circunstancias y efectos de su decisión.

    "Si se piensa en trasladar las competencias al tribunal federal, esto provocaría en unos cuantos meses el colapso de todo el sistema. Ese importante tribunal, pilar en nuestro sistema democrático, necesariamente se tendría que transformar en un órgano jurisdiccional robusto y costoso, pues tendría que abrir más salas regionales o abrir juzgados electorales en cada entidad federativa y el argumento de austeridad se desmoronaría por sí mismo", recalcó.

    Por el contrario, se pronunció por fortalecer el sistema de justicia a nivel local, de manera que aquellos aspectos no contemplados en la Constitución federal tengan su límite en los tribunales locales que ya tienen como facultad la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

    Finalmente, enfatizó que las y los impartidores de justicia en materia electoral tienen los retos de velar por la democracia y el Estado de Derecho ante los ataques que sufren las instituciones democráticas y el régimen constitucional que salvaguarda los derechos y libertades; por lo que deben ser capaces de aplicar los principios de imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad a fin de equilibrar la ley con el orden institucional, los derechos humanos y las necesidades de la sociedad.