Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 3 de marzo de 2023) La omisión del Congreso del Estado para legislar en torno a la interrupción voluntaria del embarazo deriva en prácticas que criminalizan, ponen en riesgo la vida de las mujeres, corrupción y extorsión a las que tienen que acudir a clínicas particulares e incluso clandestinas para acceder a un procedimiento de esta naturaleza, indicó Rosario Texis Zúñiga, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDSER) en Tlaxcala.
Explicó que en lo que va de este año, han acompañado a 528 mujeres que buscan interrumpir su embarazo; de cuales, 200 fueron víctimas de violencia sexual. Mientras que en 2022, acompañaron mil 997 casos, 890 de ellos derivados de violencia sexual; además de que en ese año conocieron de tres muertes de mujeres por una mala práctica médica privada: en el Hospital de la Mujer, en el Hospital General de Calpulalpan y en el Hospital de Villa Vicente Guerrero en San Pablo del Monte; a los que se suman dos casos en 2021 y una mujer que perdió el útero en Chiautempan por negligencia.
A pesar de ello, la activista recalcó que son el temor y el conservadurismo lo que han llevado a la la "congeladora" la iniciativa que presentaron en 2021 para despenalizar el aborto en el estado de Tlaxcala; ya que la LXIV Legislatura ha indicado que no están listos para abordar el tema en tribuna, a pesar de que las organizaciones de la sociedad civil han acercado información, argumentos legales, jurídicos y participado en foros.
"No hay voluntad política, todavía hay muchas falsas creencias y falsos prejuicios respecto al tema y que al final no llevan a una buena decisión legislativa", puntualizó. Por esta razón, entregaron una nueva solicitud a las 25 diputadas y diputados locales que tendrán un plazo de 72 horas para responder y hasta 100 días para pronunciarse sobre el tema; de lo contrario, interpondrán un amparo por omisión y una acción de inconstitucionalidad a fin de garantizar este derecho a las mujeres tlaxcaltecas.
Texis Zúñiga indicó que sin esta reforma, el sector salud no permitirán el uso de medicamento o equipamiento para interrumpir el embarazo que ya tienen desde 2020 cuando se implemento el Programa de Atención de Aborto Seguro. En este sentido, apuntó que actualmente no quieren ir a los hospitales públicos porque les argumentan que no hay insumos ni condiciones; además de que persiste la criminalización que ha ido en disminución, ya que en 2021 hubo 15 carpetas de investigación y en 2022 fueron tres derivadas de denuncias de personal médico o de enfermería.
En consecuencia, las mujeres a hospitales privados donde se enfrentan a procedimientos antiguos e inseguros, a condiciones insalubres, a fraudes porque les piden hasta cinco mil pesos para acceder al servicio y luego no se los practican; así como a costos que van de ocho a 15 mil pesos por interrumpir un embarazo de menos de 12 semanas cuando en la realidad se puede atender por menos de mil pesos.
"En muchos municipios hay clínicas que se dedican con prácticas antiguas como el legrado que no son seguras y generan hemorragias que no pueden atender", por lo que las pacientes terminan por recibir atención en hospitales públicos.
La directora de DDSER indicó que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CEAM) interviene poco en este tipo de casos; además de que en la regulación de cerca de 10 clínicas y hospitales privados donde realizan estas prácticas y que han reportado no ha tenido seguimiento. "La violencia está muy institucionalizada y también en los servicios privados, es lo que hemos visto. Aunque les hemos dado nombres qué clínicas los practican, llegan y dicen que no es cierto".
Finalmente, precisó que los rangos de edad de quienes buscan acceder a este derecho van de 18 a 24 años y de 25 a 30 años que, en su mayoría, son mujeres casadas con uno o dos hijos que ya no quieren tener más y a quienes no se les garantiza el acceso a anticonceptivos.
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