Gobierno deberá proteger a hijos e hijas de víctimas de feminicidio, determina Congreso

 

Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 9 de febrero de 2023) Las diputadas y diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado aprobaron reformas en materia de protección a hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, homicidio doloso o que hayan sido inducidas al suicidio, a fin de garantizar tanto la salvaguarda de su identidad y su derecho a la educación.

    La diputada Reyna Flor Báez Lozano presentó el dictamen por el que se reforman las leyes de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delitos para la entidad; así de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; a fin de establecer la obligación de las autoridades para investigar con perspectiva de género cualquier muerte violenta de mujer y explorar todas las líneas de investigación.

    

“La violencia en contra de las mujeres que trágicamente llega a su manifestación última como homicidio o feminicidio, genera simultánea y correlativamente, afectaciones a sus hijas e hijos; especialmente si son menores de edad, constituyéndolos en víctimas de aquella violencia”, expuso la legisladora en sesión ordinaria.

    Respecto a la Ley de Atención y Protección a Víctimas, se estableció que las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, homicidio doloso, que hayan sido inducidas al suicidio o cualquiera de ellos en grado de tentativa serán considerados como víctimas indirectas; tratamiento que se otorgará de forma inmediata, gratuita y oficiosa.

    Esto implica que se deberá tramitar de firma inmediata la custodia provisional; deberán brindar medidas de protección a su persona, identidad, intimidad y datos personales. 

    La diputada enfatizó que el homicidio o feminicidio de una mujer que es madre de menores de edad no solo implica afectaciones emocionales; sino que también tiene efectos tangibles en sus vidas debido a que se ven privados del cuidado, aporte afectivo, valores y principios; así como de garantías materiales y económicas.

    Por esta razón, propuso modificaciones a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer la obligación de las autoridades para gestionar becas de estudios en instituciones públicas previstas en los programas estatales y federales aplicables; garantizar que su acceso a la educación sea gratuito y que reciban tanto paquetes de útiles escolares como uniformes sin costo.