Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 3 de diciembre de 2022) Personas con discapacidad se movilizaron esta mañana por la capital del estado para exigir respeto a sus derechos e inclusión sin discriminación en todos los ámbitos de la vida.
Desde las 10 horas de este sábado, el contingente avanzó desde el Estadio Tlahuicole hasta la explanada frente a Palacio de Gobierno con la intención de visibilizar a este sector y reclamar la deuda histórica que tienen tanto el Estado como la sociedad para las personas con discapacidad en temas como la educación y accesibilidad a todos sus derechos humanos.
En su mensaje, Gabriela Hernández Islas, presidenta del Movimiento para Personas con Discapacidad (MPCD) en el estado, señaló que los tres poderes del Estado deben reconocerlos, mirar que existen y garantizar el respeto a su dignidad.
"(Queremos) visibilizar a las personas que han querido relegar durante mucho tiempo a la periferia social, que sepan que estamos aquí, que existimos, que no nos vamos a ir a ningún lado y que merecemos las mismas oportunidades, igualdad, respeto y garantía por todos y cada uno de nuestros derechos humanos", puntualizó ante personal y estudiantes de los Centros de Atención Múltiple (CAM) en el Estado, Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación regular (USAER), organizaciones de la sociedad civil y participante de la marcha.
Por lo que respecta a la actuación del gobierno estatal, la activista indicó que buscan mostrar que están presentes y si bien ha comenzado un cambio en la estructura de las instituciones estatales, aún queda mucho por avanzar para erradicar la exclusión. Sin embargo, destacó que proyectos como hacer del transporte público accesible para las personas con discapacidad es muy importante para quedan movilizarse.
En cuanto al Legislativo, recordó que las diputadas y diputados no pueden tomar decisiones sobre la legislación sin antes consultarles y el Poder Judicial debe revisar la emisión de sentencias "capacitantes" y "asistencialistas" que atentan contra su dignidad, pero que aún están contempladas en el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, pese a que hay tratados y convenciones internacionales, así como la misma Constitución Federal, leyes generales y estatales en la que consideran como violatorias de sus derechos humanos.
"Ahí existe una supresión de nuestra voluntad, entonces al suprimir nuestra voluntad están decidiendo por nosotros y eso atenta contra dignidad como persona", recalcó Hernández Islas.
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