Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 25 de noviembre de 2022) Representantes de los tres poderes del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se pronunciaron por fortalecer el trabajo en torno a las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia en el estado de Tlaxcala a fin de intervenir de manera inmediata.
En su mensaje, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) destacó que el Estado tiene la obligación de proteger a las mujeres de todos los tipos de violencia, debido a que éste es un fenómeno estructural y sistemático que requiere la atención de todas las instituciones para evitar que escale.
Recordó que la ley otorga a las y los juzgadores diferentes facultades para intervenir de forma inmediata para poner distancia entre la mujer y el generador de violencia; por lo que las autoridades están obligadas a generar una estrategia conforme a las necesidades específicas de cada mujer. Por ello, enfatizó que lograr esto implica la profesionalización y capacitación constante de ministerios públicos y personal judicial.
En consecuencia, mantienen una capacitación constante entre funcionarios del Poder Judicial, en promover buenas prácticas y unificación de criterios para valorar tanto el riesgo como la urgencia de una orden de restricción por hasta 60 días, prorrogable hasta 30 días. De modo que en este año, los juzgadores han emitido 28 órdenes de protección.
Ante el público reunido en el Teatro de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), la diputada Lorena Ruiz García, presidenta de la Comisión de igualdad de género y contra la trata de personas, se comprometió a impulsar desde el Poder Legislativo herramientas que permitan a las autoridades encargadas de atender de mejor manera a mujeres, niñas y adolescentes; y armonizar la ley en materia de órdenes de protección.
Al hacer uso de la voz, la presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, indicó que las órdenes de protección es una herramienta más para evitar la violencia; la cual también pueden emitir jueces municipales y para la cual, las mujeres no tienen obligación de probar que han sido víctimas de violencia.
Destacó que este instrumento permite acabar con la naturalización de conductas violentas; por lo que llamó a las demás a autoridades a responder ante esta situación, pues recordó que la no actuación constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres y que todas las instituciones tienen la obligación de adoptar la perspectiva de género.
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros subrayó que tiene el compromiso de actuar en favor de los derechos de las mujeres y reconoció que a través de múltiples expresiones, se vive un momento histórico e inédito para poner fin a la discriminación y a los estereotipos.
Agregó que administración implementa un modelo que permite atender de forma integral a las mujeres víctimas de violencia, para salvaguardar su integridad y atacar las causas de la violencia; con lo que buscan afrontar frontalmente el problema.
De igual forma, aseguró que han avanzado en atender 67.5 por ciento de las 83 recomendaciones de la Alerta por Violencia de Género Contra las Mujeres; entre las que destacó la integración del Consejo Estatal Contra la Trata de Personas Con Fines Explotación Sexual, la puesta en marcha de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, en acercar la atención a los municipios del estado para identificar a posibles víctimas, habilitar albergues, e impulsar acciones desde la Secretaría del Bienestar, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y la Secretaría de Impulso Agropecuario.
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