Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 21 de noviembre de 2022) Con poco tiempo y voluntad en torno a la propuesta de reforma electoral que planteó la Presidencia de la República y partidos de oposición, se ha dejado de lado la discusión sobre la viabilidad de los diferentes puntos que la integran y que incluso podrían significar un costo más elevado, pese al discurso de ahorro de recursos con que se ha presentado.
"Yo creo que el tema de la propuesta de reforma electoral del Gobierno Federal sí es tajante, es cambiar de un día para otro todo un sistema electoral que se ha venido construyendo a lo largo de 30 años; es cortar de tajo y romper con varios esquemas, con varios modelos que tenemos, pero sin ningún diagnóstico, sin seguir los modelos a nivel mundial. Son muchas cuestiones que se no se han tomado en cuenta, yo creo que se trata de una reforma tajante, de romper, de quitar y desarrollar otras cosas, pero sin un estudio real sobre qué va a pasar, qué se puede hacer o no se puede hacer", indica en entrevista para Expediente Político.Mx, Enrique Zempoalteca Mejía, politólogo y maestro en derecho electoral.
Destaca que la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 28 de abril de este año es inusual porque no ha buscado un consenso y fue presentada con premura para la pretensión de implementarla en el Proceso Electoral 2023-2024; puesto que únicamente abarca modificaciones constitucionales, pero no a las leyes secundarias como son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales o la Ley General de Partidos Políticos.
"Es una propuesta de reforma controversial, inusual, atípica, dicen los expertos en la materia porque siempre una reforma en materia electoral se había dado desde las demandas de la oposición. [...] Siempre quienes son oposición al grupo en el poder reclaman y exigen mejores condiciones, igualdad, equidad para poder participar y competir en un proceso electoral".
Pese a que desde principios de mayo y a la fecha se ha abordado el tema en medios de comunicación, la información se ha concentrado en las posturas a favor y en contra, pero no los diferentes aspectos que propone: transición del Instituto Nacional Electoral (INE) al Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y tribunales locales; la reducción de legisladores federales, locales e integrantes de ayuntamientos; eliminación de financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos, por mencionar algunas.
"Políticamente no ha habido discusión. Hubo un intento de parlamento abierto, una serie de foros, de consultas, pero nunca se tomaron en serio las propuestas que se hicieron, además de la propuesta del gobierno de la república. Siempre fue un tajante “debe ser esto”. Se escucharon las propuestas, pero realmente no se tomaron en cuenta. [...] Yo creo que políticamente el tema no ha sido abordado como debe de ser. En consecuencia, tanto técnica como políticamente yo creo que en estos momentos no es conveniente una propuesta de reforma", apunta.
El especialista recuerda que el propio Congreso de la Unión estableció como fecha límite el 23 de noviembre para determinar si abordará o no esta iniciativa. "Así como veo las cosas, ahorita se está convocando a una nueva marcha -no sé si a favor o en contra del INE o a favor o en contra de qué-, pero va a haber una marcha. Ya hubo una a favor del INE en la que el árbitro electoral también se subió y al final también salió a agradecer como si la marcha hubiera sido para él o por él; o sea fue a favor del INE o de seguir conservándolo. No fue a favor de Lorenzo Córdova. Se ha desviado mucho por todos lados".
Reformas al INE
Con las propuestas de reforma que afectan directamente la estructura del INE, destaca que el cambio de nombre por INEC o la reducción de 11 a siete consejeros para disminuir costos, probablemente sea lo de menos; pero será importante poner atención en las diferentes atribuciones que podría adquirir y en lo que ello implica en materia de recursos humanos, económicos, materiales y técnicos; situación contraria al recorte presupuestal de cuatro mil millones de pesos que ya avalaron para el Ejercicio Fiscal 2023.
"Si se habla, por ejemplo, de desaparecer los órganos electorales locales y los tribunales locales y darle esa función al INE, ¿cómo le va a hacer? Requiere recursos humanos, materiales. Aunque en la narrativa se habla de austeridad, todo requiere de recursos. Ésa es la parte que no se ha previsto, ¿cómo se le va a hacer para hacer realidad el INEC? [...] Se habla de descentralizar las elecciones, ¿cómo las va a llevar a cabo? ¿cómo va a trabajar si van a reducir el presupuesto? Son temas que no se han discutido a fondo y que no se quieren tocar; tal parece que el Gobierno Federal quiere la reforma tal y como la ha presentado, sin moverle ni un punto ni una coma".
Respecto a la integración del padrón electoral, Zempoalteca Mejía indica que ésta más bien sería una desventaja que podría echar atrás el sistema que se ha construido desde 1988 para dejar fuera al gobierno de la renovación de cargos. "Quitarle atribuciones de esta naturaleza, yo creo que sí sería regresar al pasado, a lo que la oposición -ahora gobierno- no quería, yo creo que sí sería inconveniente esa parte".
El costo y la viabilidad de las propuestas
Pero no solo la Presidencia de la República presentó propuestas de reforma en materia electoral, también lo hicieron algunos partidos políticos aunque, insiste el especialista, cada uno de los puntos obliga a volver la vista al gasto para los procesos, a fin de contar con la tecnología necesaria para implementar el voto electrónico, por ejemplo.
"El voto electrónico no es una cuestión que sea tan austera, requieres de la implementación de tecnología, internet, equipo de cómputo, todo lo que implica este tema. Yo creo que la cuestión no es tanto el ser austeros, sino el ser ecuánimes con los gastos; es decir, si esto me cuesta tanto, veo la manera de reducir el costo. Lamentablemente, el instituto electoral no cuenta con esa tecnología, entonces tiene que comprar, tiene que ver cómo la adquiere y ahí es donde viene otra parte, los proveedores elevan sus costos o los bajan -yo creo que más los elevan que va los bajan- y todo implica un gasto", comenta.
No obstante, enfatiza que el tema económico no es el único que debe discutirse, también es importante analizar la viabilidad de que las reformas funcionen con relación al resto del sistema electoral. En este tenor, se refiere a la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) para impulsar la segunda vuelta electoral, los gobiernos de coalición, el modelo de comunicación política; así como a la propuesta oficial para la elección de legisladores por representación proporcional, el financiamiento público; pues a su juicio todo ello se ha planteado de forma aislada y no en conjunto.
"Son cuestiones que se deben ir desarrollando para que se puedan establecer en la ley en la materia. No nada más se trata de decir quito, pongo; sino qué implicaciones tiene, ¿va a funcionar o no va a funcionar? ¿Es benéfico para la oposición? ¿Para los partidos en su conjunto o nada más para unos, para otros? Es lo que no se ha discutido realmente, no ha habido una discusión en la que se planteen todas estas cuestiones".
En cuanto al tema de la fiscalización de recursos, Enrique Zempoalteca destaca la propuesta del PAN para asentar como causa de nulidad de la elección el que haya intromisión del crimen organizado; misma que se contrapone con la puesta del Ejecutivo Federal para retirar el financiamiento público para actividades ordinarias. "Es decir, si no hay elecciones, no te doy dinero. Eso generaría la intromisión de otros medios de allegarse recursos. Hay muchos temas ahí interesantes en los que se puede trabajar y en este caso sin la necesidad de una reforma constitucional; pero que sí se puede ir trabajando para la próxima elección de 2024".
A propósito, refiere que la reducción de los recursos públicos ha venido a la baja desde la Reforma Electoral de 2014 que incorporó temas que funcionaron en los comicios de 2018. Sin embargo, a pesar de que la sociedad en general ve bien poner un alto al derroche de los partidos políticos, advierte que la eliminación de prerrogativas -aun en actividades ordinarias- llevaría a estas organizaciones de ciudadanos y ciudadanas a buscar opciones para continuar con su trabajo; por lo que también sería importante establecer reglas sobre quiénes pueden aportar, cómo se va a fiscalizar y qué actividades pueden llevar a cabo para allegarse de dinero.
Al referirse a la desaparición de OPLES y tribunales locales, Zempoalteca Mejía comenta que esto también es una tendencia desde 2014 cuando se les retiraron facultades en materia de fiscalización, capacitación y organización; sin embargo no se ha logrado concretar y hacerlo no necesariamente implica disminuir gastos porque se requiere personal e infraestructura para cumplir con sus obligaciones.
"Es lo mismo, no tienes el órgano local, está el órgano federal pero ¿cómo está organizado? Con salas regionales, a lo mejor tendrían que crear otras salas estatales; al final de cuentas es lo mismo y en el tema político los estados también van a reclamar el famoso federalismo porque están queriendo centralizar todo, queriendo desaparecer las atribuciones de los estados. Yo creo que también es un tema que debe discutirse a fondo; no nada más es desaparecer por desaparecer a los institutos".
En el mismo sentido, habla sobre la disminución de legisladores locales e integrantes de ayuntamientos que, por lo menos en Tlaxcala, ya ha sucedido. "Creo que sería muy riesgoso dejar en manos de unos cuantos las decisiones importantes, porque al reducir el número de curules y espacios en el congreso también se reducen las posibilidades de que los partidos puedan participar o que estén representados y que las decisiones también se tomen por el grupo en el poder, eso también es muy riesgoso de los congresos.
Así como analizar si la elección de legisladores por la vía plurinominal y su viabilidad respecto a la representación y al mecanismo para asignar las curules y los escaños. "Hay varios sistemas, ¿cuál es el que nos queda? ¿funciona o no funciona? Yo creo que todos esos temas no se han discutido. La desaparición de los legisladores por mayoría relativa es otro discurso que se ha manejado, pero es al contrario: se ha dicho vamos a desaparecer a los plurinominales y no es cierto, es al revés (desaparecen los diputados de mayoría)".
Pendientes en materia electoral
Con todo ello, el especialista en materia electoral señala que hay temas que también sería importante abordar, pero sobre los que no ha habido propuestas en esta ocasión, como es el voto de ciudadanía mexicana en el extranjero o el sistema de medios de impugnación. "Yo me atrevo a decir que el famoso Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales no se ha definido bien. Cada vez hay más y más demandas, más denuncias de violaciones a los derechos político-electorales; pero no se han definido bien cuáles son y cuáles no.
Creo que temas hay muchos que pudieran fortalecer el sistema electoral del país, pero la reforma planteada no los aborda; sin embargo, se centra -a mi juicio- en dos cosas: la centralización de las elecciones y la reducción de los presupuestos tanto para partidos como para el órgano electoral y los tribunales electorales. Yo creo que la reforma se centra en esos dos grandes ejes: el control de las elecciones y que no haya tantos recursos".
Finalmente, Enrique Zempoalteca Mejía destaca que de aprobarse la reforma tal cual la presentó la Presidencia de la República, lejos de eficientar el sistema para lograr la reducción de recursos, podría implicar mayores gastos a causa de las atribuciones
"Lo vemos en todos lados, en el tema de los congresos locales, el voto electrónico aquí en Tlaxcala no lo tiene porque se les hace caro, es tecnología y si queremos contar con esa tecnología hay que invertirle. Yo creo que más que un ahorro sería un incremento al presupuesto. También está la otra, reducir el presupuesto de los organismos locales y a ver cómo lo hacen, cómo sacan las elecciones. Dicen por ahí ‘las boletas las mandamos a hacer en papel Bond’. Yo creo que sí sería un incremento de presupuesto porque todo implica un gasto y todo se tiene que hacer bien y tiene que salir bien", concluye.
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