Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 28 de noviembre de 2022) Falta metodología para medir avances en la implementación de la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), afirmaron activistas durante el conversatorio regional "La importancia de las alertas de género contra la violencia hacia las mujeres. Puebla Tlaxcala en el marco del X informe de México a la CEDAW".
En su intervención, la antropóloga Ixchel Yglesias González Baez indicó que no es suficiente con voluntades individuales, sino que tiene que ser una cuestión de Estado para poner fin a la normalización de la violencia en la vida de las mujeres y reconocerla como resultado de una serie de actos que se articulan en relaciones de poder.
"Tlaxcala es un estado feminicida porque sus operadores reproducen la discriminación, prejuicio y estereotipos que violentan a las mujeres, dudan y desestiman la violencias", aseveró ante las personas reunidas entre el Patio Vitral del Palacio Legislativo.
En este sentido, comentó que las autoridades estatales sostienen que el problema de trata de personas en el estado ya no existe, aunque en la realidad está lejos de erradicarse; como muestra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en respuesta a una solicitud de información del Centro Fray Julián Garcés (CFJG) en la que refiere que de enero a octubre de 2021registró 61 denuncias por explotación sexual, 34 por denuncias anónimas y 22 por comparecencia; mientras que solo se ha abierto una carpeta de investigación.
"De nada sirve el programa o que se haya tomado la foto si no haya recursos ni capacitación", puntualizó; pero tampoco hay interés visible en generar rutas de acción o articulación para atender el problema.
En este sentido, la antropóloga comentó que trabajan en un marco normativo para instancias municipales en la que participaron 33 ayuntamientos; pero en la realidad no hay voluntad para asegurar su funcionamiento cuando solo dos tienen oficina y las además atienden en salones alternos; además de que las titulares tienden a enfrentar violencia durante el ejercicio de sus funciones por parte del resto de la administración.
"Aquí en Tlaxcala, la justicia y los ministerios públicos son muy buenos para abrir carpetas de investigación cuando se trata de intimidad, pero no para aquellos que están asesinando y violando a las mujeres", lamentó.
Por su parte, Efrén López Hernández destacó que hay falta de transparencia en el ejercicio de recursos para la implementación de las diferentes acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres; pero también se carece de una metodología para dar seguimiento a casos de violencia a pesar de que el gobierno estatal recibió un millón de pesos para abonar al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra Mujeres (Banavim).
Asimismo, indicó que hace falta atender las situaciones que favorecen delitos como la captación de mujeres para trata de personas con fines de explotación sexual, desaparición de mujeres y niñas, y feminicidios.
En su intervención, la abogada y activista Yeny Charrez Carlos recalcó que mientras las mujeres no tengan garantías de acceso a la justicia, continuarán los casos; por lo que es necesario garantizar un servicio gratuito, defensores de oficio capacitados, juzgadores y juzgadoras que trabajen con perspectiva de género; así como la voluntad de todas las autoridades para poner un alto a la problemática.
Agregó que si bien las primeras AVGM fueron resultado de una lucha de la sociedad civil, las últimas son resultado de gestiones políticas y no han tenido los alcances necesarios para cambiar el panorama de las mujeres y así es el caso de Tlaxcala donde el reporte de seguimiento muestra que se carece de los más básico como metodología para la continuidad de las capacitaciones.
En el conversatorio también participaron Marina Cortés Torres, representante de la Red Estatal de Mujeres del Estado de Puebla; Rocío García Olmedo abogada, ex diputada local del Estado de Puebla; y Silvia Avelina Nava Nava, integrante de la Red Nacional de Alertistas.
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