Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 19 de agosto de 2022) Organizaciones feministas en la entidad se sumaron al posicionamiento de otras agrupaciones a nivel nacional para rechazar la acción de inconstitucionalidad que promovió Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra la llamada "3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres" con la que se busca impedir que agresores accedan a candidaturas y cargos públicos.
A través de un comunicado, dieron a conocer que el pasado 7 de julio la ombudsperson a nivel nacional promovió este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la intención revocar la reformas a leyes electorales, de transparencia y acceso a la información, así como de la administración pública de Yucatán a través de la que se incorporó esta iniciativa promovida por Las Constituyentes Mx, activistas y organizaciones feministas con la finalidad de que ninguna persona pueda integrar o ser candidateable a un puesto de elección popular si hay de por medio una sentencia como deudor alimenticio moroso, a menos que acredite estar al corriente del pago.
Extraña que sea la CNDH, organismo constitucional cuyo objeto de creación es velar y proteger los derechos humanos y el encargado de observar, dar seguimiento, evaluar y monitorear las acciones del Estado den materia de igualdad entre mujeres y hombres; quien se afane para que se invaliden dichas normas.
Cabe recordar que la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres busca evitar la llegada a puestos públicos de personas que hayan ejercido violencia familiar, contra mujeres, sexual y que adeuden pensión alimenticia a sus hijas a hijos; esto último que ya había sido considerado en la legislación en Yucatán. Mientras que en el proceso electoral 2020-2021, se impulsó este compromiso con los partidos políticos a manera de acción afirmativa en diversas entidades donde habría relevo de autoridades o representantes populares, respaldada por el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de lineamientos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.
"Durante muchas generaciones, la irresponsabilidad de los padres con relación a la manutención de los hijos, hijas y personas con discapacidad adquirió carta de naturalización en nuestra sociedad, gozando de total impunidad; por lo que es reprochable que la CNDH ponga toda la fuerza moral de esa institución y utilice el lenguaje de los derechos humanos para perpetuar y reforzar prácticas que afectan a las mujeres, niñas y niños", señalaron en el documento.
Para el caso de Tlaxcala, se sumaron las colectivas Constitución Violeta, Red de Abogadas Feministas de Tlaxcala (Redafem), y Mujeres Organizadas de Tlaxcala para acusar que estas conductas constituyen violencia económica y patrimonial, ya que controlan el acceso a los recursos que terminan por afectar la supervivencia familiar; por lo que cuestionaron que la CNDH no advierta las afectaciones tanto a mujeres como a menores de edad y que esta iniciativa busca mejorar la calidad de quienes se incorporan al servicio público.
En este sentido, llamaron a no confundir el derecho al trabajo con la responsabilidad de representar a la ciudadanía o al Estado debido a que la política no es solo una "chama", sino que dota de poder para organizar y decidir el destino de una sociedad; por lo que valores democráticos como igualdad, libertad, solidaridad y justicia son imprescindibles.
"El discursos sobre los derechos humanos es muy poderoso y conlleva una responsabilidad, lamentamos que en nombre de la igualdad y el derecho a la no discriminación, la CNDH desvirtúe estos conceptos y desprecie el respeto a la ley, colocando en el mismo plano a quienes cumplen responsablemente con ella o con una resolución judicial pagando la pensión alimenticia", señalaron; puesto que no es equiparable a las categorías para identificar discriminación como el origen, raza, sexo, religión, condición social, de salud o de discapacidad, opiniones o preferencias.
Las organizaciones enfatizaron que el Estado debe responder de manera efectiva a las expectativas, reclamos, demandas de la ciudadanía y a sus exigencias; por lo que debe haber un reconocimiento social de quienes ocupan cargos públicos y de representación.
Empoderamos ciudadanía a través de la información.
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