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domingo, 24 de julio de 2022

Avanza proceso de evaluación a aspirantes al Comité de Participación Ciudadana

 


Redacción (Tlaxcala, 24 de julio de 2022) La LXIV Legislatura del Congreso Local, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, realizó el proceso de evaluación para las y los aspirantes a integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 


La etapa de selección se llevó a cabo por medio de un examen escrito de manera imparcial, transparente y legítima, y con la máxima publicidad este viernes en el Salón Blanco en el Palacio Legislativo, cuyos resultados se darán a conocer la siguiente semana. 


A la sede de este recinto legislativo se presentaron 16 aspirantes a integrar el Comité de Participación del SAET: Héctor Sánchez Vázquez, Oscar Pérez Santamaría, Osbaldo Flores Sánchez, María Aida González Sarmiento, Carlos Jonathan Pérez Ramírez, Francisco Javier Mena Corona, Eligio Morena Teloxa, Enrique Huitrón Sánchez, Julio Rafael Hernández Lucido, Zeus Mena López, Arturo Flores López, Guadalupe Téllez Hernández, Edgar Israel Herrera Martínez, José Alfonso Lima Gutiérrez, Yazmín Hernández Díaz y Jaime Martínez Sánchez.  


El Poder Legislativo presentó la convocatoria oficial para el proceso de designación de quien suplirá en funciones a Rúmel Hernández Avendaño, quien el próximo 14 de agosto de este año cumplirá el periodo de cuatro años para el que fue elegido como integrante del Comité de Participación.  


Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y de la Ley de Sistema Estatal Anticorrupción y del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 


El Comité de Participación Ciudadana tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades estatales y municipales en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.

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