Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 12 de abril de 2022) Con 21 votos a favor y tres en contra de legisladores locales fue avalada la no ratificación de Héctor Maldonado Bonilla como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). No obstante, el diputado Juan Manuel Cambrón Soria acusó que el procedimiento no ofrece pruebas plenas sobre diversos señalamientos y advirtió que puede judicializarse.
El magistrado fue nombrado para un periodo comprendido del 16 de julio de 2016 al 16 de julio de 2022 con la posibilidad de reelección por un periodo igual, de acuerdo con la ley. Sin embargo, esta posibilidad fue desechada por las y los integrantes de la LXIV Legislatura al señalar que Maldonado Bonilla no observó los principios rectores de su función.
Ello dado que omitió considerar al pleno del Consejo de la Judicatura (CJE) para signar convenios de colaboración, hacer uso de recursos y para solicitar la autorización para ausentarse a viajes. Además, lo acusaron de tener una plaza de tiempo completo en una institución de educación superior,, lo que consideraron es motivo de ineficiencia en su cargo como magistrado.
En consecuencia, la mayoría de los diputados determinaron avalar el dictamen presentado por la comisión especial y solicitar a la titular del Ejecutivo una terna para nombrar a quien asumirá el cargo cuando Héctor Maldonado Bonilla concluya su periodo.
En contra, se sumaron las legisladoras priistas Blanca Águila Lima y Diana Torrejón Rodríguez, junto a Cabrón Soria, quien al hacer uso de la voz argumentó que no respaldaría el proyecto debido a que no cuenta con pruebas suficientes y plenas, sino más bien en opiniones, apreciaciones o suposiciones, lo que podría implicar su judicialización debido a una posible violación a los derechos del aún magistrado del TSJE.
Argumentó que el funcionario no tiene antecedentes penales, no ha sido inhabilitado, ni tiene quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); además de que sus informes de actividades como presidente fueron avalados por las salas del TSJE y por el Poder Judicial de la Federación, sus cuentas públicas han sido solventadas ante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y aprobadas por la LXIII Legislatura del Congreso.
Asimismo, señaló que la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) fue anónima y está en su etapa inicial; que el informe del CJE no es vinculante y que las notas periodísticas incorporadas al dictamen no tienen valor probatorio.
En este sentido, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD enfatizó que otros magistrados, incluida la recién nombrada Marisol Barba Pérez, tienen señalamientos similares que fueron rechazados por la Legislatura tras el informe presentado por la comisión especial; por lo que acusó que se mide con un racero diferente y con la intención de afectar la reputación de una persona y sentar un mal precedente para el Congreso.
Empoderamos ciudadanía a través de la información.
No hay comentarios:
Publicar un comentario