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miércoles, 6 de abril de 2022

Pide Observatorio Nacional Feminicidio a gobierno garantizar derechos de mujeres y defensoras de derechos humanos



Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 5 de abril de 2022) El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) llamó al gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros a actuar con congruencia y garantizar los derechos de mujeres y defensoras de derechos humanos, así como a tomar acciones para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres en el estado.

En  alcance a un pronunciamiento emitido la tarde del martes, Atziri Ávila López detalló que durante 2021 en Tlaxcala se registraron 281 casos de desaparición; además de 37 muertes violentas de mujeres, de las cuáles 10 únicamente se investigan como feminicidio, y 25 casos de violación.

Ante esta situación, exigió al gobierno estatal que reconozca que Tlaxcala vive un momento crítico de violencia; también pidió que se construyan e implementen acciones para garantizar la integridad de las defensoras de derechos humanos en la entidad y que establezcan un plazo para la evaluación de las mismas.

Asimismo, pidió que se implementen las medidas dictadas por la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), pues indicó que los avances son casi nulos y no se ha publicado el informe reciente; que se garantice el derecho de las mujeres a manifestarse y que no se criminalicen las diferentes formas de hacerlo.

En representación del OCNF demandó que se presente un informe sobre las agresiones a las manifestantes el pasado 8 de marzo; durante la que, señaló, hubo detenciones arbitrarias, intimidaciones, agresiones, denostaciones y vulneración a los derechos de las activistas, quienes -enfatizó- no buscan oponerse al gobierno sino contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

Por su parte, Edith Méndez Ahuactzi, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), pidió que no se toman a la ligera las acciones para atender las diferentes formas de violencia a través de reuniones informales como la que sostuvo la gobernadora en días pasados con algunas activistas, pues enfatizó que si bien fueron convocadas apenas unas horas antes, cuando se les indicó que no había un objetivo o una agenda de trabajo para ella, determinaron no acudir.

Consideró que este tipo de convocatorias deben darse de manera amplia para incluir no solo a colectivos, sino a mujeres que de forma independiente luchan por los derechos humanos y especialmente tanto a sobrevivientes de la violencia como a familias de víctimas.

En este sentido, la activista manifestó que el gobierno estatal simula con este tipo de eventos y al informar sobre acciones que desde hace años ya se realizan como es la implementación del Protocolo Alba que, recalcó, no funciona de forma adecuada porque aún se pide a las familias esperar 72 horas para iniciarlo.

También, llamó a que se deje de criminalizar las diferentes formas de protesta y de pretender dividir a las mujeres a través de una campaña de desprestigio.

En un inicio, Indra Cervantes de la organización Medusas Sufragistas, hizo un recuento de las acciones del gobierno del estado antes, durante y después de la movilización del 8M con las que acusaron al Estado de pretender reprimir y callar las demandas de las mujeres.

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