Plantea Vicente Morales crear figura de presupuesto participativo

 

Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 1 de enero de 2022) Integrantes de la LXIV Legislatura presentaron iniciativas este martes en materia de tortura y otros tratos crueles e inhumanos, consulta ciudadana, y requisitos para la desincorporación de bienes en los municipios.

En primer término, el diputado Bladimir Zainos Flores planteó reformar la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público a fin de crear una Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, misma que tendrá autonomía técnica y operativa.

Por su parte, el legislador Vicente Morales Pérez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Consulta Ciudadana del estado a fin de adicionar la figura de presupuesto participativo, con lo que los municipios deberán reservar el cinco por ciento de sus ingresos propios recaudados en el ejercicio inmediato anterior a fin de que la ciudadanía de cada demarcación presente proyectos y decida cuál de éstos habrá de ejecutarse.

En esta propuesta, también se prevé fomentar el mecanismo de voz ciudadana en el cabildo que ya contempla la ley vigente, garantizar recursos al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para propiciar ejercicios de participación ciudadana y plantea armonizaciones con la legislación más reciente. En este sentido, Morales Pérez enfatizó que el propósito de esta reforma es empoderar a la ciudadanía al involucrarla en la toma de decisiones del gobierno y sobre el ejercicio del gasto público.

También en la sesión ordinaria celebrada este martes, el diputado Jaciel González Herrera propuso reformar diversas disposiciones de la Ley de Patrimonio Público y de la Ley Municipal a fin de facilitar la desincorporación de bienes muebles en los municipios cuando su valor sea menor a las 500 unidades de medida y actualización (UMA). En este caso, solo se requerirá el voto del cabildo; mientras que cuando se rebase dicha cantidad, también deberá someterse a la autorización del Congreso del Estado.