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jueves, 27 de mayo de 2021

Acusan familiares de víctima que negligencia de las autoridades pone en riesgo a dos menores

 


Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 27 de mayo de 2021) Familiares de una víctima de violencia de género acusaron a las instancias encargadas de impartición de justicia de poner en riesgo a una menor derivado de actos negligentes y omisiones en su guardia y custodia.


Esmeralda Rivas Rocha falleció resultado de cáncer, condición agrada por violencia psicológica, social, sexual, económica, intimidación, abuso emocional y amenazas, como concluyó un informe antropológico con perspectiva de género.


Así lo informó el profesor Primo Sánchez Morales en un mensaje virtual difundido a través de la página de facebook Mujeres Organizadas de Tlaxcala; en el que  rechazó la negligencia de las instituciones involucradas en la custodia de la hija y del hijo de la profesora Esmeralda Rivas, quien radicó en Santa Apolonia Teacalco, en abril de 2019.


La custodia de los menores se otorgó a Marcos Sampedro Mellado, padre biológico, quien tiene antecedentes por violencia familiar los cuales se encuentran documentados en la PGJE; por lo que consideraron que las autoridades no han colocado el interés superior de la niñez en la resolución de este caso y han violado sus derechos.


Al momento del deceso, el niño tenía nueve años y estaba con su papá; mientras que la niña de dos años estaba con su abuela. Con los antecedentes violentos, Esmeralda Rivas firmó un documento con el que sus familiares han promovido la guarda de los infantes en favor de su madre, pero la juez de lo familiar Guadalupe Castillo Lemus la negó por considerar que no estaba en edad de hacerlo.


La funcionaria determinó dar la custodia provisional de la niña, pues antes de que falleciera su madre se promovió una denuncia por violencia familiar con pruebas que mostraban armas, estudios psicológicos, de trabajo social, fotografías.


No obstante, la juez pidió pruebas contundentes para poder ceder la custodia, pese a que un estudio psicológico en la carpeta de investigación revela que Sampedro Mellado tiene características de neurótico obsesivo, ansiógena, agresividad como mecanismo de defensa, mitómano, falto de control de impulsos, paranoide.


El mismo peritaje  muestra que la mujer estaba consciente y se sugirió realizar un estudio porque la situación de la víctima fue resultado  de la violencia sistemática a sus derechos por parte de su pareja quien fue diagnosticado con riesgo medio-alto de peligrosidad, con tendencias psicópatas, androcéntricas y misoginia.


Ante los mandatos de la autoridad, por un periodo de un año realizaron convivencias de la menor con su padre; no obstante, presumen que hubo abuso sexual contra la menor, hecho que  fue denunciado. Por ello, se han negado a entregar a la menor de cuatro años, aunque ya han recibido notificaciones por parte del juzgado y amenazas de Sampedro Sánchez.


Entre las irregularidades del caso, acusaron que una de las peritos encargadas de atender el caso era psicóloga particular del padre, situación que denunciaron ante la misma Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).


Resaltaron que la custodia s determinó antes de que se judicializada el caso y que el hombre, regidor de obras públicas en el ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco, fuera vinculado a proceso por violencia familiar.


"Consideramos que no es una persona apta para recibir a una menor de cuatro años de edad que, además, por consecuencia por la pandemia, tiene más de un año que no lo ve, lo que sería un shock psicológico para la menor", señaló el profesor.


Asimismo, acusaron al juez Alexis Minor Flores de pretender intimidarles al enviar cinco patrullas y 20 elementos armados para la notificación de entrega de la menor; así como poner la presunción de inocencia antes que los derechos fundamentales de la pequeña.


Denunciaron que todo ello, pone en riesgo a la menor de ser víctima de abusos y violencia por parte de su padre; por lo que pidieron la intervención del Sistema para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el DIF Estatal, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto Estatal de la Mujer.

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